Una empresa «fantasma» se hizo con 263 millones en contratos covid del PSOE

Sant Cugat, una localidad a las afueras de Barcelona, presenta el aspecto de una urbanización a gran escala. Es decir, se compone, en su mayoría, de casas unifamiliares desperdigadas por la cara norte de la sierra de Collserola. Uno de estos chalets, sin embargo, se convirtió en uno de los centros neurálgicos de la gestión del covid por parte del Gobierno del PSOE. Por aquel entonces, una empresa poco menos que anecdótica, que hasta la pandemia apenas facturaba un millón de euros anuales en concepto marketing de bebidas alcohólicas, se convirtió en el principal proveedor de mascarillas de España. Firmó cuatro contratos con el Ministerio de Sanidad por valor de 263 millones de euros. Cuatro años más tarde, de c S.L. apenas queda ni rastro.

Pero lo cierto es que la firma catalana se encuentra en la lista de las siete compañías que investiga actualmente la Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias el pasado 22 de abril tras detectar presuntas irregularidades en al menos trece contratos, cuatro de ellos corresponden a FCS Select. Esos contratos están firmados por la exdirectora de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, una de las tres personas investigadas por malversación en durante la pandemia. La firma está, o estaba, dirigida por dos empresarios, Mayra Dagá y Felipe Recio, los únicos empleados de la compañía, también bajo la lupa de la Fiscalía Europea, que habrían dejado prácticamente inactiva FCS Select Products, ya que no presenta sus cuentas en el Resgistro Mercantil desde 2019.

Tuvo tiempo, no obstante, de firmar cuatro contratos por la vía de emergencia y sin publicidad con el Gobierno en 2020. En contrato el contrato principal ascendía a 143,9 millones de euros a cambio 280 millones de mascarillas quirúrgicas de tres capas para uso médico y una Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE) superior al 99%. Según los términos del acuerdo, el intermediario se comprometía a realizar dos entregas semanales de 35 millones de unidades cada una durante un periodo de cuatro semanas. La firma catalana tenía que asumir otros dos contratos de 29,8 y 77,1 millones de euros que sumaban en total 208 millones de mascarillas. Para, finalmente, completar el encargo con un cuarto contrato de 2,1 millones de euros con el que se comprometía a entregar 20 millones de mascarillas, 150.000 gafas de protección y 10 millones de guantes de nitrilo.

Pese a lo abultado de los contratos resulta cuanto menos extraño el encargo del Gobierno. FCS Select Productos se fundó en 2012 con diferentes funciones pero todas relacionadas con el marketing, la alimentación y las bebidas alcohólicas, aunque también hizo sus pinitos en el comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación. En paralelo, Mayra Dagá fue condenada en 2015 a cuatro años de prisión. Sin embargo, se libró tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Aunque, curiosamente, por actividades poco relacionadas con la alimentación. Se le acusó de un delito continuado de estafa agravada a empresas de la construcción. Pese a todo, ha seguido vinculada al sector inmobiliario, ya que una de los 22 apoderados de Inversión Patrimonial Carpetania. De la gestión o importación de material sanitario antes de la pandemia, sin embargo, nada.

Sobre el otro administrador, Felipe Recio, poco se sabe, salvo un artículo de La Vanguardia en el que en el que este empresario se presentaba como «copropietario del Grupo FCS» y residente con su familia en Guangzhou «desde hace cuatro años». Recio aseguraba tener varias «sociedades en China», entre ellas una dedicada al packaging alimentario ecológico, desechable y compostable (FCS Plastic Free Packaging) que opera en tres plantas de producción en el gigante asiático con una superficie equivalente a «20 campos de fútbol».

Anticorrupción abrió diligencias en 2022 sobre los contratos del Gobierno a FCS Select Products, a raíz de una querella del PP de Madrid sobre una decena de adjudicaciones covid otorgadas a dedo por diferentes ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Respecto a esta empresa, el PP denunciaba que la firma catalana hasta 2019 se dedicaba «al sector de bebidas alcohólicas», nunca al suministro de material sanitario, y «recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social» por parte del Ministerio de Sanidad.

Para poner en perspectiva la situación de la compañía catalana durante la pandemia, los contratos con el Gobierno multiplican por siete los 36,5 millones que el Ministerio de Transportes asignó a la empresa del caso Koldo a través de Adif y Puertos del Estado y, al contrario que el departamento de entonces dirigidos por José Luis Ábalos, se abonó por adelantado.

Cuando, en sede parlamentaria, el Gobierno fue interpelado al respecto, no respondió a ninguna de estas cuestiones. En su lugar, se limitó a explicar, en términos generales, que para los productos procedentes de China se solicitaba «información de los lotes que se incluyen en cada envío y de los documentos de liberación del lote, así como de los resultados obtenidos en los controles de calidad realizados antes del envío con los suministros con destino España que se exigen al proveedor». O lo que es lo mismo, ni una palabra de FCS Select.