ETA pide «presión popular» para forzar la excarcelación de presos

MADRID-El comunicado que difundió ayer ETA a través del diario «Gara» tiene una doble finalidad, según expertos consultados por LA RAZÓN: socializar entre sus militantes y entramado que es necesario volver a los atentados ante la cerrazón de los gobiernos de España y Francia a negociar; y segundo, lanzar un ultimátum, «basta ya», a dichos ejecutivos, a los que se acusa de «jugar con la vida de los prisioneros».

La proliferación de comunicados y el rebrote del terrorismo callejero (la «kale borroka), con hechos tan graves como el intento de emboscada a una patrulla de la Ertzaintza, a cuyos agentes pretendían quemar vivos con cócteles molotov, forman parte de esa «socialización» de que la vuelta a la violencia es necesaria, al haber fracasado la vía negociadora. No se trata de nada nueva en la siniestra historia de la banda, pero sí para los que, hasta hace pocas semanas, daban a la organización criminal por muerta, a falta del correspondiente certificado de defunción.

Los pistoleros responsabilizan en el comunicado al presidente español, Mariano Rajoy, y al francés, François Hollande, de «la «dispersión, el aislamiento y los castigos que sufren los presos», y en consecuencia, también de los «gravísimos hechos» de las últimas semanas. En concreto, se refieren a las muertes de Ángel Figueroa, que cumplía condena en su domicilio gracias al sistema penitenciario español; y a Javier López Peña, «Thierry», fallecido tras sufrir una crisis cardiaca en una cárcel del vecino país. Los terroristas exigen, para que se logre «una verdadera paz, la repatriación de los presos y la superación de las medidas de excepción».

En el mismo tono del documento interno que recientemente han hecho llegar a los militantes, entre ellos los presos, los responsables etarras señalan que estos fallecimientos son «las expresiones más extremas de esa política de venganza». Y lanzan la amenaza: «Basta ya de jugar con la vida y los derechos de los prisioneros» (...) además de para generar sufrimiento, la dispersión y las medidas de excepción se mantienen para dejar sin recorrido el proceso de resolución», que pactaron con socialistas y nacionalistas durante la anterior legislatura.

ETA también ataca al PNV porque «no ha adoptado compromiso concreto alguno de cara a resolver la situación del EPPK (colectivo de presos). Por el contrario, la banda considera que lo que hace es ofrecer «su total lealtad al responsable del bloqueo, el Gobierno español. Mejor haría en aumentar el nivel de exigencia a los dos gobiernos y empezar a hacer aportaciones positivas al proceso».

La banda vuelve sobre el contenido del citado documento interno y subraya que «es un momento crucial. Para superar un conflicto de siglos, no se puede ser mero espectador», en clara referencia a la llamada «izquierda abertzale» (Bildu-Amaiur-Sortu), por lo que concluye que la garantía para que la voluntad mayoritaria se imponga a las decisiones de la minoría pasa por «incrementar la presión popular».

El fanatismo de los pistoleros, que no se apean de ninguna de sus reivindicaciones ni muestran deseos de disolución (todo lo contrario), se pone de manifiesto cuando dicen que el reciente recurso sobre la «doctrina Parot», que se ha tratado en la Corte de Estrasburgo, nos retrotrae a los tiempos del franquismo. Fue el Código Penal de esta época el que facilitó que etarras con numerosos asesinatos salieran a la calle sin haber cumplido veinte años de condena.