La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no deja de concatenar polémicas con prácticamente cada decisión que toma. Ahora, su Ministerio ha molestado a varios colectivos feministas, incluidas las feministas del propio PSOE al que ella pertenece, con el real decreto para crear el estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.

Aunque es una cuestión relativamente técnica, las feministas piensan que ese estatuto puede acabar "desmantelando y cargándose" el Instituto de las Mujeres o, como mínimo, vaciarlo de contenido. Es por ello que se están organizando en diversos foros y varias asociaciones para intentar presentar enmiendas y revertir la situación.

"Con esa reducción, el Instituto de las Mujeres pierde competencias e incluyen a la mujer como una diversidad más", asegura una destacada feminista del PSOE que ha pedido permanecer en el anonimato. "Las mujeres somos diversas, pero no podemos entrar en la categoría de diversidad", añade. "Hace sólo unos días el Gobierno le dio la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Carlota Bustelo, que fue la primera directora del Instituto, y ahora se pretende desmantelar esta institución", lamenta la misma fuente.

Esta fuente también comenta que hay preocupación entre las trabajadoras y los trabajadores actuales del Instituto de las Mujeres porque temen que esta pérdida de competencias pueda acarrear, eventualmente, una pérdida de puestos de trabajo.

Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación fue creada este año en cumplimiento de la llamada Ley Zerolo. La norma, que es de 2022, hablaba de la creación de un organismo que ofrezca protección frente a la discriminación, una figura "que velará por las víctimas de discriminación, ofreciendo asistencia, orientación e incluso pudiendo emprender acciones judiciales, si fuese necesario", según palabras del propio Ministerio de Igualdad.

Además, se trata de un organismo cuya creación también responde a una directiva de la Unión Europea y que ya está en funcionamiento. El Gobierno también ha nombrado ya a su presidenta: María Teresa Verdugo, una de las fiscales de Delitos de Odio más veteranas de España. Pero el conflicto con las feministas no nace por la existencia de la Autoridad en sí, sino por el contenido del que se pretende dotar a este organismo.

El pasado 10 de noviembre, el Ministerio de Igualdad abrió el trámite de audiencia e información pública, un trámite que permite aportaciones de la sociedad civil, para aprobar el estatuto de la Autoridad. Esto servirá para desarrollar la estructura y el funcionamiento. Es al leer la propuesta del Ministerio para este estatuto, que se aprobará vía real decreto, que se han encendido las alarmas en varias asociaciones feministas. Las organizaciones que así lo consideren tienen hasta el próximo viernes para presentar sus alegaciones.

La asociación de Feministas Socialistas (Femes), que reúne a destacadas dirigentes del PSOE, está estudiando presentar enmiendas a ese real decreto para corregir lo que consideran un grave error por parte de Ana Redondo. A grandes rasgos, consideran que las cuestiones relativas a la protección de la mujer deben tratarse dentro del Instituto y no junto a otros tipos de discriminaciones, como pueden ser, por ejemplo, delitos de odio por cuestión de raza.

Sin embargo, en Femes no son las únicas que están estudiando cómo intentar corregir esto. "El asunto no es menor porque supone, de facto y tal y como está planteado en estos momentos, un desprecio absoluto a la actual estructura y una merma a las competencias del Instituto de las Mujeres", asegura una miembro de la Fundación Mujeres, que también está preparando diversas enmiendas al texto. Lamentan este movimiento porque consideran que el Instituto de las Mujeres es "lo único que queda en el Ministerio de Igualdad vinculado a la igualdad entre mujeres y hombres".

Otra fuente vinculada al PSOE señala en conversación con este diario que no es incompatible que existan dos organismos dedicados a la Igualdad. "Pero debe garantizarse la colaboración entre ellos, la Autoridad no debe detraer competencias ni funciones del Instituto de las Mujeres, ya que este tiene que seguir siendo el organismo de Igualdad a efectos del seguimiento de las directivas de Igualdad por razón de sexo", comenta.