El fiscal general abre otro frente con el Supremo y recusa a los magistrados que deben decidir sobre su nombramiento

En una decisión sin precedentes por parte de un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha recusado a los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que tienen que resolver el recurso de una asociación de fiscales, APIF, contra su nombramiento para el cargo. Según confirman fuentes jurídicas, el fiscal general considera que no deben pronunciarse sobre el asunto porque son los mismos magistrados que apreciaron "desviación de poder" en su actuación al proponer a Dolores Delgado fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS), nombramiento que fue anulado, como sucedió ayer también por parte de la misma Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso con la designación de la exministra como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

La decisión de García Ortiz ha causado perplejidad en el alto tribunal, donde aseguran que a un fiscal general "se le presume un respeto a los tribunales de justicia". Ahora, la Sala debe decidir si acepta la recusación planteada y se aparta de la resolución del recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), lo que previsiblemente no sucederá, en cuyo caso habrá que designar un instructor que tramite el incidente de recusación, sobre el que se pronunciará la Sala del 61 del Tribunal Supremo, integrada por el presidente interino del alto tribunal, los presidentes de cada Sala y por los cinco magistrados más antiguos y los cinco más modernos del tribunal.

Según las fuentes consultadas, la recusación del fiscal general, adelantada por El Independiente, está aún en la fase inicial de tramitación, en plazo de contestación de la demanda, por lo que a expensas de la prueba que pueda practicarse y de que haya o no trámite de conclusiones, no está previsto que señale la vista para resolver el recurso antes del próximo septiembre. De hecho, esas mismas fuentes señalan que la recusación planteada por García Ortiz se resolverá sin demasiada demora, sin que tenga por tanto incidencia en la resolución del recurso de APIF.

"Dentro de la órbita" del Gobierno

En su recurso, APIF aseguró al anunciar el recurso que García Ortiz "no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el fiscal general". Tras hacer hincapié en que la Fiscalía es "una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial", defendió que con el nombramiento del fiscal general "no puede trasladarse a la ciudadanía" que el elegido "queda dentro o en la órbita del Ejecutivo".

La asociación de fiscales aludía a los dos años en el cargo de García Ortiz en su primer mandato al frente de la Fiscalía y recordaba la "anulación de nombramientos de fiscales de Sala, por desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar". Además, hacía alusión a la decisión pendiente del Supremo (que finalmente también ha anulado este nombramiento) por la designación de la exministra de Justicia como fiscal de Memoria Democrática y al recurso planteado ante la negativa del fiscal general a atender la petición del Senado de que el Consejo Fiscal emitiese un informe sobre la proposición de ley de amnistía.

Su nombramiento, insistía, "no es conforme a la ley" porque su condición de jurista de reconocido prestigio, que se exige para su nombramiento, "decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder –utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento jurídico-".