La Fiscalía ha interrogado ya a una veintena de personas por los crímenes de guerra en Ucrania

Días después de que el presidente ruso Vladimir Putin decidiera iniciar una guerra en Ucrania, Europa agilizó trámites burocráticos para acoger a los refugiados y la Fiscalía española y las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado dieron pasos para que los crímenes no quedaran impunes. Casi un año después el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha tomado declaración a 19 personas y ha abierto dos piezas separadas para recoger toda la documentación sobre las actuaciones militares, según indican fuentes fiscales.

La investigación se inició el 14 de marzo del pasado año por un decreto de la entonces fiscal general del Estado Dolores Delgado. El documento señalaba la necesidad de establecer un marco jurídico que proporcionara el paraguas adecuado para identificar delitos, canalizar la cooperación internacional y recibir y facilitar la información. El trabajo fue encomendado a Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

La finalidad del proceso, explican ahora, es «asegurar y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas y de otros países afectados». En otras palabras: la intención está siendo recopilar cuantos más elementos de prueba posible para poder ser utilizados en todo tipo de investigaciones, incluyendo un posible juicio en el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Estos meses en los que han estado en marcha las pesquisas, Alonso ha solicitado información al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sobre el registro de ciudadanos que se han establecido en España huyendo de la guerra y a la Secretaría de Estado de Seguridad y Policía.

Como contó este periódico es un grupo dentro de la Comisaría General de Información experto en delitos internacionales el que dirige las diligencias. Según las fuentes fiscales consultadas, el Ministerio Público también autorizó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que en el marco del procedimiento iniciaran relaciones institucionales con diversos organismos y ONG que atienden a refugiados para facilitar la detención de víctimas y testigos crímenes de guerra.

Sin embargo, este tiempo se han encontrado con una «notoria dificultad», explican, y es que la mayoría de personas instaladas en España temen las consecuencias de hablar. Creen que sus testimonios pueden tener repercusiones en sus familiares de Ucrania o perjudicarles si algún día quieren regresar a su tierra natal. Así, a pesar de que en el decreto de Delgado se advertía de que «nadie puede dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española» en la contienda, por el momento ninguna de los relatos recogidos ha dado pie a judicializar ningún asunto en Madrid.

El ordenamiento jurídico español prevé que la Justicia llegue a conocer delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada.

Dos piezas separadas

Hasta el momento han sido 19 las personas a las que se ha tomado declaración, incluidos españoles retornados del país en guerra. Se han abierto dos piezas separadas: una de archivo de documentación con las solicitudes de ayuda y cooperación a las autoridades de Ucrania y otra para ir archivando documentación, proyectos y demás instrumentos de las reuniones de Eurojust (agencia de cooperación judicial de la Unión Europea). Cabe recordar que la que era Fiscal General de Ucrania Iryna Venediktova y Delgado, durante su jefatura, firmaron un Memorándum en marzo de 2022 como instrumento para garantizar la cooperación eficaz entre ambos órganos.

Así que otro de los trabajos años que se ha dedicado este tiempo el Ministerio Público y la Policía ha consistido en inspeccionar material audiovisual y rastrear vídeos y todo tipo de imágenes en redes sociales que puedan dar una pista de quiénes están detrás de los crímenes.

El trabajo de los fiscales de Ucrania

A esto mismo se dedica por ejemplo Maksym que vino a España en marzo de 2022 pero luego regresó a Ucrania donde es fiscal de menores en la Corte Suprema. Aunque él sigue persiguiendo los crímenes «falta mucha gente en mi departamento porque algunos se han ido, otros fiscales se hicieron soldados y ahora mucho trabajo consiste en registrar los crímenes de guerra contra los menores», relata a este periódico en conversación telefónica.

Su mujer y sus dos hijas se han quedado en Madrid, en un piso en Aranjuez. «Todavía hay mucho peligro aquí en Kiev porque las bombas caen en sitios que no podemos prever.

Hace un mes cayó una bomba cerca de mi casa, a un kilómetro. Yo no quiero que mi mujer y mi niña sufran este tipo de miedo porque no todos pueden soportarlo».

El trabajo que desarrolla allí, dice, excede en lo ordinario. «Destruyen los jardines de pequeños, las escuelas. Matan a los niños, violan hasta los bebés y todo eso lo estamos registrando e intentando, con vídeos y por la red, poder ver qué soldado ruso lo hace y juntar esta información para ver como podríamos después de finalizar la guerra ir a los jueces para que respondan por lo que hicieron», relata.

«Ahora tenemos nuevas restricciones. Por ejemplo por un robo antes un hombre podría tener unos tres años de cárcel, pero ahora va a tener unos seis . Se multiplicó porque durante la guerra todos los delitos la forma de responsabilidad se multiplica casi al doble», explica.