El Ministerio Fiscal niega que Álvaro Romillo haya brindado a la Justicia una colaboración determinante en la investigación de la presunta macroestafa de más de 250 millones de euros a, al menos, 3.000 antiguos inversores de Madeira Invest Club (MIC).

Es uno de los argumentos en que se apoya la fiscal para rechazar que sea excarcelado, como reclama su defensa, y a lo que también se opone parte de sus supuestas víctimas, a las que representa el despacho Zaballos Abogados.

Este mismo jueves, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) tendrá que revisar si le mantiene en prisión provisional, comunicada y sin fianza como cabecilla de lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consideró un "chiringuito financiero".

La Fiscalía de la AN defiende en su escrito, conocido por LA RAZÓN, que "ha debido ser la Unidad Central Operativa (UCO) y el resto de unidades policiales" las que han llevado a cabo "arduas tareas de investigación para la localización del dinero y los bienes adquiridos por la organización, con cargo a dichas inversiones".

Reivindica que la Guardia Civil es la que ha intentado "recuperar (el dinero), ponerlo a disposición de los perjudicados y ha practicado las diligencias necesarias (aún pendientes de completarse) para identificar al total de los inversores".

Sobre los antiguos clientes de MIC, la fiscal recuerda que "se han de practicar aún diligencias para determinar el perjuicio que hubieran podido sufrir con independencia de que se personen o no en la causa como perjudicados".

Señala, además, que "solo el visionado de la declaración prestada" por Romillo, en calidad de imputado, el pasado 7 de noviembre "deja constancia de la falta de explicación verosímil sobre la existencia de un verdadero lícito negocio de inversión en los términos publicitados a los inversores, ahora perjudicados".

Rechaza, en este sentido, que hubiese alguna actividad empresarial legítima y solo operó "como un mecanismo de captación de inversores siguiendo el esquema Ponzi".

Por otro lado, la representante del Ministerio Público contradice la versión de Romillo de que "las cantidades invertidas no se devolvieron a los inversores porque (el bloqueo) de los saldos de la cuenta portuguesa de Sabrosso (una de sus empresas en el país vecino) lo impidió".

La fiscal lo niega, respaldándose en que "se han localizado denunciantes que reclaman inversiones que debían haberlas recuperado con anterioridad" a que en el verano de 2024 los fondos lusos quedasen congelados por decisión judicial.

En definitiva, la Fiscalía estima que el mantenimiento de la prisión provisional de Romillo asegura "su presencia en los llamamientos judiciales" y evita "la perpetuación de la conducta delictiva y la destrucción de pruebas". No olvida la gravedad de los hechos que se le imputan y las penas de prisión a las que se enfrentaría, superiores a los 9 años y que podrían alcanzar los 16 años.

Las víctimas a las que representa el despacho Zaballos Abogados se han mostrado, de igual forma, contrarios a que se dicte su excarcelación.

Por su parte, los abogados del empresario, Francisco Miranda y Silvia Hevia (del bufete Vox Legis), expusieron ante la Sala de lo Penal que su cliente ha aportado "multitud de datos" al instructor.

Su defensa aseveró que entregó datos ante el Juzgado de Central de Instrucción número 4 como un "requerimiento voluntario", lo que demostraría -según sus letrados- que "la predisposición de colaboración es un acto palmario y notorio que no admite contradicción".

Fue el pasado 7 de noviembre cuando el magistrado José Luis Calama mandó a Romillo preventivamente al centro penitenciario madrileño de Soto del Real al apreciar un riesgo de fuga -por sus propiedades y activos en el extranjero- y otro de destrucción de pruebas. Está imputado por delitos contra la Hacienda pública, estafa agravada continuada, organización criminal y blanqueo, junto a varias personas de su entorno empresarial y familiar.

Romillo es el mismo empresario que pagó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, un hecho por el que se investiga en el Tribunal Supremo si el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) incurrió en un delito de financiación ilegal de su partido político durante la campaña de las últimas elecciones a la Eurocámara en que obtuvo un escaño.