La Fiscalía pide a Llarena la busca y captura internacional de Puigdemont

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha instado al magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés", que reactive la euroorden contra Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín y que acuerde su prisión y busca y captura internacional.

La iniciativa del Ministerio Público se produce después de que el pasado día 5 el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ratificase la retirada de la inmunidad de ambos europarlamentarios, avalando la concesión en marzo de 2021 del suplicatorio solicitado por Llarena para poder proceder penalmente contra ambos por su papel en el proceso soberanista en Cataluña en 2017.

En el escrito remitido al magistrado, los fiscales de la causa del "procés" asumen que la sentencia del TGUE puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como efectivamente hará la defensa de Puigdemont a principios de septiembre agotando los plazos, pero hace hincapié en que esa apelación no tiene efectos suspensivos, por lo que teniendo en cuenta la situación personal de ambos -huidos de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023.

Hasta doce años de prisión

El Ministerio Fiscal también recuerda que los hechos constitutivos de malversación a los que es aplicable el art. 432 CP llevan aparejadas penas privativas de libertad que, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, podrán ser de entre 6 y 12 años de prisión.

La retirada de la inmunidad por el Parlamento Europeo -argumenta la Fiscalía- "ha sido confirmada en sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, de modo que teniendo en cuenta su situación personal -huidos de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados" por los delitos de malversación agravada y desobediencia, tal y como acordó Llarena el pasado enero tras la reforma penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que eliminó el delito de sedición y reformó el de malversación.

Los fiscales recalcan que la malversación agravada lleva aparejadas "penas privativas de libertad que, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, oscilan entre 6 y 12 años de prisión". De ahí que, argumentan, "se cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente", en particular lo dispuesto en el artículo 37a) de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea, "que permite a la autoridad judicial española competente dictar orden de detención y entrega".

Por tanto, la Fiscalía solicita "que nuevamente se acuerde por el instructor la busca y captura e ingreso en prisión" de Puigdemont y Comín y que se emita orden de busca y captura internacional "por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición, así como orden europea de detención y entrega respecto a ambos.