La Fiscalía rechaza que no se pueda juzgar a "la etarra de las mariscadas" por el asesinato de un militar en 1981

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reiterado que los hechos que se imputan a la etarra Natividad Jáuregui -su supuesta participación en el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche el 19 de marzo de 1981, no han prescrito. En la vista celebrada ante la Sección Segunda de lo Penal del citado tribunal -encargada del juicio-, el fiscal Carlos Bautista ha expuesto los argumentos del Ministerio Público para rebatir que la prescripción que esgrime la defensa de "la etarra de las mariscadas" -acostumbraba a publicar en Facebook fotos de sus comidas en Gante (Bélgica) antes de ser entregada a España en 2020- para evitar sentarse en el banquillo.

El fiscal ha defendido, señalan fuentes jurídicas, que las declaraciones de dos etarras del "comando Vizcaya" tras ser detenidos -Enrique Letona, "Masillas", en 1987, y Sebastián Echániz, "Sebas", en 1993, que le vincularon con el asesinato- interrumpieron el plazo de prescripción de veinte años, que de no ser así hubiera determinado que los hechos no se hubiesen podido perseguir penalmente a partir de marzo de 2001 siempre y cuando no se hubiese investigado a Jáuregui por estos hechos en todo ese tiempo. La abogada Carmen Ladrón de Guevara, que representa a los cinco hijos del militar asesinado, ha secundado la petición del fiscal de que los hechos no pueden considerarse prescritos.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, de la abogada de la familia de la víctima y de la defensa de Jáuregui, los magistrados de la Sección Segunda deberán decidir si archivan el procedimiento por el que Bélgica entregó a la terrorista o la llevan a juicio acusada de asesinato terrorista.

Tiroteado al salir de misa

Al margen de los testimonios de esos dos coimputados, el fiscal Bautista ha señalado que Jáuregui estaba ya perfectamente identificada como partícipe en el atentado al menos desde un informe policial de octubre de 1987 que la sitúa como integrante del "comando Vizcaya". Con esos argumentos, según esas mismas fuentes, la Fiscalía ha pedido a los magistrados que desestimen el artículo de previo pronunciamiento (similar al trámite procesal de las cuestiones previas al juicio) planteado para cercenar el procedimiento.

Jáuregui está procesada por delitos de asesinato y atentado terroristas. Sus intentos para enterrar la causa alegando que los hechos han prescrito no son nuevos y siempre se han encontrado con la negativa de la Audiencia Nacional a acoger sus argumentos: primero el juez instructor de la causa, José de la Mata, y después la Sala de lo Penal han negado que la prescripción impida perseguirle penalmente por el atentado contra el militar, asesinado cuando salía de misa de la Basílica de Begoña (Bilbao).

No fue procesada hasta 2005

Letona y Echániz aseguraron en sus declaraciones que "Jaione", supuesto alias de Jáuregui, participó en el asesinato de Romeo Rotaeche. El segundo dijo incluso que fue ella quien le disparó cuando salía de misa. Los dos coincidieron en que formaba parte de uno de los dos "taldes" del "comando Vizcaya" (Letona y Echániz estaban integrados en el otro) junto a los ya fallecidos Juan María Otegui, "Txato" (quien murió víctima de un atentado de los GAL en 1985), y Francisco Javier Zabaleta, "Jatorra", que falleció por los disparos de uno de sus compañeros de "comando" (según refirió Echániz en su declaración) en el atentado que en junio de 1982 acabó con la vida del entonces jefe de la Policía Municipal de Baracaldo, José Aibar.

Sus declaraciones no sirvieron para procesar a la "etarra de las mariscadas", pues en ambos casos las reaperturas terminaron en sendos archivos, pero para la Fiscalía al involucrarla directamente en el asesinato de Romeo Otaeche sí tienen la suficiente entidad para interrumpir el plazo de prescripción. De hecho, Jaúregui no fue procesada hasta 2005, después de cinco archivos de la investigación. Refugiada en Bélgica, España consiguió finalmente que fuese entregada a nuestro país en noviembre de 2020 para que respondiese ante la Justicia española por estos hechos.