El fiscal general del Estado insiste en su inocencia y asegura que actuó en defensa del prestigio de la Fiscalía para hacer frente a una "operación perfectamente orquestada" desde la Comunidad de Madrid para presentar ante la opinión pública al novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, como "víctima de una operación política".

En el escrito de defensa que ha presentado en su nombre la Abogacía del Estado con sus alegaciones a la acusación de haber filtrado datos reservados de González Amador - el correo en el que su abogado reconocía el 2 de febrero del pasado año haber defraudado a Hacienda para llegar a un acuerdo con la Fiscalía- afirma "no ha existido hecho delictivo" en su conducta por lo que ninguna responsabilidad penal se puede imputar a Álvaro García Ortiz.

El máximo representante del Ministerio Público, para quien las acusaciones populares reclaman una condena de hasta seis años de prisión por revelación de secretos -mientras la Fiscalía pide su absolución al no ver indicios de delito-, sostiene en su escrito de defensa que "al menos 17 personas tuvieron acceso" ese mismo día al correo electrónico remitido por la defensa del novio de Ayuso al fiscal del caso, Julián Salto.

Además, afirma que antes del 12 de marzo (la filtración de ese correo se produjo la noche del día siguiente) "solo en la Fiscalía" 600 personas "podían haber tenido acceso" al contenido de las diligencias abiertas por dos delitos fiscales contra González Amador, a las que añade el personal del decanato de los juzgados de Madrid "que por sus funciones hubiera manejado la referida documentación".

Pide que declare Miguel Ángel Rodríguez

La Abogacía del Estado solicita asimismo que declaren como testigos en el juico el propio a González Amador, su abogado, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y varios fiscales y periodistas.

García Ortiz apunta directamente a la Comunidad de Madrid, que según señala tras publicar Eldiario.es la información sobre la investigación por fraude fiscal al novio de Ayuso, "y con el propósito de neutralizar urgentemente el presumible impacto político negativo de la noticia" sobre la presidenta regional, "diseñó y ejecutó" a través de Miguel Ángel Rodríguez "una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo".

Un relato que sostenía, añade, que los problemas de González Amador con Hacienda "se debían a una persecución política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que eran partícipes la Agencia Tributaria y la Fiscalía".

"Versión manipulada"

Esa supuesta estrategia, sostiene, incluyó también la difusión a diversos periodistas "de una versión manipulada de los hechos" a través de WhatsApp y de la red social "X". Una versión que, se quejan los Servicios Jurídicos del Estado, contenía "una grave acusación sobre supuestas maniobras" de García Ortiz "para perjudicar ilícitamente" a González Amador.

Asimismo, pone de relieve que se llevó a cabo un "cuestionamiento público de la honestidad" de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (cuya imputación retiró el juez en el último momento), al recordar la presidenta madrileña en "X" que había sido "directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero", con "la manifiesta intención de poner en duda su imparcialidad y de sugerir que su actuación profesional obedecía a motivos políticos".

En este mismo sentido, denuncia que desde el Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid "se trasladó intencionadamente dos informaciones que no se correspondían en absoluto con la realidad: que la propuesta de conformidad había partido del Ministerio Fiscal y que al fiscal encargado del asunto se le prohibió alcanzar un acuerdo".