Garzón ya fue acusado de cobrar en «B» una conferencia de 1997

Las memorias del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, tituladas «Una página difícil de arrancar» y editadas por Planeta, están haciendo correr ríos de tinta. Una de las afirmaciones que ha sucitado mayor polémica es la de que Baltasar Garzón habría cobrado dinero negro cuando se incorporó a las listas electorales del PSOE en 1993. No obstante, ésta no es la primera vez que el nombre del ex juez aparece asociado a supuestos pagos en «B». En 2009, el diario jurídico «La Tribuna del Derecho» reveló que en 1997 Garzón fue invitado por Juventudes Navarras –la organización juvenil de Unión del Pueblo Navarro (UPN)– a pronunciar una conferencia sobre terrorismo en Pamplona y que ambas partes acordaron unos honorarios de 250.000 pesetas. El todavía juez exigió que se le pagara en efectivo y jamás presentó factura ni firmó ningún recibo. El encargado de pagarle habría sido el actual diputado de UPN en el Congreso de los Diputados, Carlos Salvador. Según fuentes que en aquel momento estaban vinculadas al partido, Garzón era considerado un «héroe de la lucha contra el terrorismo» pero su actitud no gustó nada.

A pesar de ello, cuando saltó la noticia, UPN hizo público un comunicado en el que aseguraba que «la remuneración económica percibida por el señor Garzón fue justificada con el correspondiente recibo» y que ésta constaba «en la contabilidad de UPN, que todos años es fiscalizada por el Tribunal de Cuentas». «Cualquier tipo de aclaración que se pueda generar ante dicha información debe ser exigida al medio digital que ha publicado la citada noticia», concluía el desmentido de la formación navarra.

Ante esta rectificación, los periodistas que habían destapado el caso se dirigieron al Tribunal de Cuentas para dilucidar si, tal y como sostenía Unión del Pueblo Navarro, el pago aparecía en su contabilidad. Vista la trascendencia del tema, fue el propio órgano fiscalizador de los partidos políticos el que salió a la palestra para recordar que en el apartado 11.2 de su informe de 1997 indicaba literalmente lo siguiente: «Se han observado diversas anotaciones contables que corresponden a entregas de fondos a la organización juvenil del partido, cuya única documentación justificativa es un "recibí"en el que se detallan conceptos, pero sin aportar las facturas correspondientes. Se estima que dicha documentación es insuficiente para un adecuado control de este tipo de gastos, dado que no se acredita el objeto, las condiciones y la finalidad de la ayuda concedida».

Falta de documentación

Según agregaba el tribunal en el mismo comunicado, «aplicado este comentario del Informe a los hechos referidos, se deduce que el Tribunal de Cuentas únicamente ha dispuesto de un recibí de la organización juvenil sin que el mismo haya estado acompañado de otra documentación complementaria que acredite la entrega de dicho importe al perceptor y su recepción por éste».

Es decir, como órgano fiscalizador, el Tribunal de Cuentas tuvo constancia de que Unión del Pueblo Navarro destinaba una parte de sus fondos a su organización juvenil Juventudes Navarras pero jamás fue informado en detalle de cómo los gastaba ésta. Nunca hubo, por tanto, constancia documental de que Garzón había recibido 250.000 pesetas para hablarles de terrorismo.