El despliegue de un buque de guerra español para escoltar a una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza ha generado un intenso debate en distintos ámbitos. El general Rafael Dávila reveló que en la Armada existe un sentimiento de “indignación, perplejidad y cabreo” ante una orden que calificó de impropia para este tipo de embarcaciones. Según sus declaraciones, realizadas en el programa de televisión Horizonte, el uso de un patrullero de acción marítima en una misión diplomática de escolta no responde a la función para la que fue diseñado.

La controversia se ha centrado en la elección del buque Furor, un patrullero de acción marítima pensado originalmente para labores de vigilancia y protección de costas. Varios analistas coincidieron en señalar sus limitaciones técnicas para un despliegue en una zona de alta tensión. El coronel Pedro Baños advirtió que carece de sistemas de defensa contra drones y guerra electrónica, lo que reduce su capacidad de respuesta ante eventuales amenazas. Martín Varsavsky, por su parte, subrayó los riesgos de enviar un buque militar a un escenario de conflicto.

Dávila sostuvo además que en la propia Armada existen voces críticas con esta decisión. Mencionó un mensaje interno de un almirante que instaba a la dirección a rechazar el uso de patrulleros en escoltas de iniciativas privadas, más aún cuando los organizadores de la flotilla aseguran disponer de sus propios medios de protección. Para el general, esta misión puede situar a España en una posición delicada tanto en el plano militar como en el diplomático.

El analista Daniel Bashandeh interpretó el envío del buque como una estrategia del presidente del Gobierno para ganar visibilidad internacional, mientras que Baños acusó a Pedro Sánchez de utilizar la causa palestina como vía para desviar la atención de los problemas internos. Esta lectura refuerza la percepción de un estilo de gobierno presidencialista en el que se minimiza el papel de la oposición.

Otro punto de fricción señalado en la discusión fue la forma en que se adoptó la decisión, sin que conste consulta previa al Congreso de los Diputados ni al Consejo de Ministros. En paralelo, el debate televisivo también aludió al contexto político nacional marcado por imputaciones a familiares de dirigentes, lo que contribuye a un clima de mayor tensión.