El Gobierno busca rebajar la influencia de Junts en la investidura

Gobierno y PSOE respiraron aliviados cuando, en un momento de la noche electoral del 23J, en el que todavía no había acabado el escrutinio, los números ya eran elocuentes. Fueron conscientes entonces de que habían conseguido su objetivo. Los socialistas estaban muy lejos de la primera plaza –a 14 escaños–, habían perdido las elecciones, sí; pero el ambiente era de victoria porque PP y Vox no podrían alcanzar una mayoría suficiente para gobernar en coalición. Esa euforia se dilató durante días, hasta que en Ferraz y en Moncloa fueron tomando conciencia de lo complicado que sería el camino para lograr revalidar el poder. El punto de inflexión de este baño de realidad se produjo con el recuento del voto exterior a finales de julio.

Los socialistas confiaban en el recuento en diferido de las papeletas de los españoles que viven en el extranjero –y que tradicionalmente tiene un fuerte componente progresista– para conseguir un último golpe de efecto en las generales. Un ligero baile de escaños que permitiera clarificar la ajustadísima aritmética surgida de las urnas. Sin embargo, con unos resultados muy disputados en algunas provincias, fue en la Comunidad de Madrid donde se produjo el vuelco y de manera favorable a los intereses del PP. El PSOE perdió un escaño en favor de los populares, dando entrada a Carlos García Adanero en el Congreso de los Diputados. Más allá de la pérdida cuantitativa, pasando de 122 a 121 escaños, los socialistas sufrieron un importante retroceso cualitativo, que encarecía considerablemente las negociaciones que tenían por delante.

Con el nuevo y actual equilibrio de fuerzas, los socialistas pasaron de necesitar una abstención de Junts a requerir obligatoriamente su voto positivo, lo que elevaba el precio de su apoyo. La empresa es difícil, pero no imposible, como demuestran algunos pasos que se han ido dando desde entonces. El más elocuente, el acuerdo para la Presidencia del Congreso, en cuya votación, Francina Armengol consiguió convertirse en la tercera autoridad del Estado en primera votación con el respaldo de 178 diputados. Con los siete «síes» de Junts y dos escaños por encima de la mayoría absoluta. Esta será, en principio la aritmética que también necesite ahormar Pedro Sánchez para su investidura.

Pero en paralelo a las negociaciones con Carles Puigdemont para conseguir atraerle a esa mayoría, los socialistas también trabajan para rebajar en la medida de lo posible su influencia. Con solo arañar un escaño más, podrían volver a situar a Junts en la posición de la noche electoral del 23J: en la abstención. Pasar del voto positivo a la abstención supondría una importante disminución del precio a pagar por el acuerdo con los independentistas. Para conseguirlo, hay dos líneas estratégicas en las que se afana el PSOE. La primera se ubica en el terreno de la política y consiste en granjearse el apoyo de Coalición Canaria. Pese a que los nacionalistas hayan firmado un acuerdo con Alberto Núñez Feijóo de cara a su investidura y de que gobiernen en coalición en Canarias con el PP, los socialistas son optimistas y se aferran a la actitud de Cristina Valido durante las conversaciones para la Mesa del Congreso. Entonces mostró buena disposición, sin imponer vetos a Sumar ni al resto de fuerzas que componen la mayoría de Sánchez.

En el entorno socialista les consideran una fuerza política pragmática que, una vez fracase el intento del líder del PP de formar gobierno, buscará optimizar el poder que le da un escaño decisivo para lograr sus demandas históricas. «Conseguir la agenda canaria es su principal prioridad», señalan fuentes socialistas, que ven una oportunidad de garantizarse así su apoyo, si se les ofrece avanzar en sus prioridades para las islas. Por el momento, no se ha producido ningún contacto en este sentido, dado que es «el tiempo de Feijóo» y los nacionalistas han suscrito un acuerdo para apoyar su investidura, pero, una vez naufrague, sí se buscará explorar su respaldo.

La otra vía para rebajar la influencia de Puigdemont pasa del terreno de la política al judicial. El PSOE ha encadenado una serie de recursos, desde los órganos de garantías electorales hasta los tribunales, para revisar los 30.000 votos nulos de los españoles en el extranjero correspondientes a la Comunidad de Madrid. Después de una sucesión de negativas –desde la Junta Electoral de Madrid, pasando por la Junta Electoral Central y llegando hasta el Tribunal Supremo–, finalmente, el Tribunal Constitucional admitió esta semana a trámite sus alegaciones y dio traslado a las partes para que expliquen si deben revisarse los votos con los que el PSOE pretende recuperar un escaño clave para no depender del voto favorable de Junts en la investidura.

Los magistrados de la sala segunda entienden que el caso tiene «especial trascendencia constitucional» y anunciaron que se reunirán para estudiar el caso la semana que viene una vez la Fiscalía presente alegaciones. De este modo, los socialistas están dispuestos a pelear tanto el escaño socialista número 11 por Madrid como el de Coalición Canaria para allanar la negociación con Junts y la investidura de Pedro Sánchez.