El Gobierno pagó un sobreprecio de seis millones de euros por la compra de 200 respiradores

En lo peor de la pandemia de covid, en los hospitales, la ventilación mecánica a través de respiradores era clave para intentar salvar a diario cientos de vidas. La insuficiencia respiratoria aguda era una de las complicaciones más habituales de la infección. Ni España, ni ningún país, estaba preparado para que ingresaran hasta 2.000 pacientes al día en sus hospitales, ni para triplicar la capacidad de sus Ucis. En esas circunstancias, el Gobierno central se convirtió en la máxima autoridad para adquirir el material sanitario.

La Jefatura del Estado, mediante la Orden comunicada el 20 de marzo de 2020 –por la que se declaraba el suministro centralizado de productos– dispuso que fueran el Ministerio de Sanidad, entonces comandado por Salvador Illa y, por ende, el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) –dependiente de Sanidad– los órganos de contratación y de gestión presupuestaria para la adquisición de materiales. Entre 2020 y 2021, se firmaron un sinfín de contratos cuanto menos sospechosos de los que LA RAZÓN fue informando puntualmente.

Una de las muchas operaciones polémicas fue la compra, por parte del Ingesa, de una partida de 200 respiradores con la descripción Eternity SH-300 por 9,922 millones de euros a Tec Pharma Europe, S.L., una empresa ubicada en la localidad granadina de Armilla y regentada por el ciudadano iraní Armin Ghodsian Bazaz. Tec Pharma Europe empezó sus operaciones el 31 de enero de 2019 con un capital social de apenas 3.000 euros y entre sus objetos sociales figuran actividades tan variopintas como la fabricación de complementos alimenticios, el comercio al por mayor de ordenadores y equipos periféricos o la intermediación con medicamentos.

El precio estipulado por cada uno de estos aparatos fue de 49.610 euros, cuando su valor de mercado en el momento de la adjudicación no rebasaba los 15.000 euros (17.000 usd, con el cambio de dólar a euro de mayo de 2020). Este es el precio unitario que le envió a un proveedor sanitario el fabricante de los respiradores Eternity SH-300 en China (Beijing Eternity Electronic Technology Co.) para una cantidad de 10 aparatos (tal y como aparece en el contrato de la imagen).

Sobreprecio del 65%

A cada respirador había que sumarle unos 2.500 euros (aproximadamente) de traerlo en avión desde Pekín, por lo que el precio unitario total sería de unos 17.500 euros. Esto es el 35% de lo que, según recoge la «Memoria justificativa de la contratación de emergencia para el suministro de material para atender la situación creada por el coronavirus covid- 19», pago el Ingesa por cada uno de ellos (49.610 euros) a la empresa de Armilla. Teniendo en cuenta que este último pidió 200, parecería lógico que el precio por unidad fuera menor que pidiendo 10.

Incluso teniendo en cuenta que los precios del material sanitario durante la pandemia podían cambiar en el mismo día, y que la comparativa tiene algo más de un mes de diferencia, es difícil de entender que la empresa Tec Pharma Europe vendiera a una entidad pública como el Ingesa a un precio casi tres veces superior que a un proveedor particular.

A la baja, el sobreprecio pagado por el Gobierno por cada aparato fue de 30.000 euros. Si hablamos de 200, las cifras se disparan a los seis millones de euros que se pagaron de más sin justificación aparente. Además, estos aparatos esenciales para salvar vidas y comprados «con urgencia» no llegaron a los hospitales hasta cuatro meses después.

En la memoria del contrato, el Ingesa subrayaba que «una de las necesidades del mencionado procedimiento era «poner dispositivos de ventilación mecánica a disposición de las unidades de cuidados intensivos». A pesar de la alusión a las UCIS, este periódico ya informó en noviembre de 2020 de que el modelo que se adquirió, el SH300, son respiradores de transporte. Según los intensivistas y anestesiólogos consultados, estos solo pueden usarse durante unas horas en las Ucis. Los respiradores que realizan a la perfección este tipo de función costaban entonces entre 18.000 y 22.000 euros, un precio muy inferior al acordado con la empresa de Granada, desconocida en el sector de la tecnología sanitaria.