Aval a la reforma de las pensiones del Gobierno con abstención de Vox y rechazo del PP

El Gobierno ha conseguido convalidar el decreto para la reforma de las pensiones, pese a que ha tenido que ceder para que se tenga que tramitar como ley. En total, el decreto ha recibido el apoyo de 179 diputado y el rechazo de 104 parlamentarios (61 abstenciones). El decreto ha salido adelante con el apoyo de los socios del Gobierno (ERC, PNV y PDeCat), la abstención de Vox y Bildu y el rechazo de PP y Ciudadanos.

La reforma de las pensiones, según ha defendido el Ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, incluye medidas que "mejoran" la suficiencia, la equidad y la sostenibilidad del sistema. Entre esas medidas, están el aumento de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas, un nuevo periodo de cómputo basado en dos modelos (o bien los 29 últimos años de carrera, descartando los dos peores años, o bien manteniendo los 25 últimos años actuales) y un incremento de las bases máximas de cotización, una cuota de solidaridad del 1% para los salarios más altos y un crecimiento gradual del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

El PP ha sido muy crítico porque a pesar de compartir la revalorización de las pensiones conforme al IPC (es decir, el gasto), rechaza las vías creadas por el Gobierno para financiarlas (es decir, el ingreso). El portavoz económico en el Congreso de los populares, Jaime de Olano, ha reprochado la reforma por cuestiones de forma y de fondo. De Olano ha recriminado el uso del decreto para aprobarlas en lugar de un proyecto de ley: "Es una falta de respeto intolerable al Congreso", ha afirmado el diputado popular, quien ha afeado también la falta de diálogo con el PP, partido al que Escrivá envió "tres excels 48 horas antes" a pesar de que pedía muchos más datos y transparencia. El portavoz popular ha advertido que Escrivá va "contra todos" porque desde BBVA a Fedea pasando por la Airef o el Banco de España y el "Financial Times" han advertido de las consecuencias negativas de la reforma de las pensiones. También ha señalado que la reforma va contra los principios de contributividad (los trabajadores pagarán más cotizaciones a cambio de menos), universalidad ("el Estado se quedará hasta con el 63% del salario bruto de los trabajadores más cualificados") y sostenibilidad (porque no habrá suficientes ingresos para cubrir gastos). Los populares apuestan por crear empleo para recaudar más, en lugar de incrementar más la recaudación elevando la presión sobre trabajadores y empresarios.

Pablo Sáez (Vox) ha criticado que Escrivá relativice los aumentos de los costes a las empresas que supone esta reforma de las pensiones cuando las bases máximas de cotización han crecido un 20% desde 2018 y España tiene una alta tasa de paro. "Para asegurar la sosteniblidades mejor aumentar el número de los que pagan y para ello hay que aumentar la creación de empleo que aumentar los costes a los que ya pagan porque no soluciona la viabilidad del sistema traspasar el déficit de unas administraciones a otras", ha aseverado. Inés Arrimadas (Ciudadanos) ha aducido que han votado en contra porque es un "disparate económico, una injusticia intergeneracional y un engaño político".

Íñigo Barandiaran (PNV) ha reconocido que la reforma de las pensiones es "tan necesaria como acuciante por la viabilidad del sistema" y es "realista y valiente" porque se "introducen mecanismos extraordinarios de financiación al margen de los estructurales". No obstante, ha advertido que exigirá tres cambios durante la tramitación parlamentaria, relativos a la prestación económica a cuidadores de menores con enfermedad grave hasta los 26 años (quieren eliminar ese tope de edad), a los becarios (gestión de las bonificaciones y altas y bajas y limbo en que quedan prácticas de formación no reglada) y al régimen RETA y las cooperativas.