El Gobierno descafeína su plan para el catalán en la UE

El próximo martes, las capitales europeas reunidas en el Consejo de Asuntos Generales votarán sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea, y el resultado no puede estar más abierto. De hecho, para asegurarse el éxito de esta iniciativa –que es una de las exigencias de los socios del Gobierno–, la delegación española ha descafeinado algunas de sus exigencias iniciales. Y es que España ha remitido un nuevo documento en el que se baraja un reconocimiento de esas lenguas en dos fases, según ha confirmado LA RAZÓN por fuentes de varias delegaciones europeas: a partir de 2027, tan solo se traducirían los reglamentos del Consejo y de la Eurocámara, y se dejaría para una fase posterior, cuatro años después, la traducción de todos los textos legislativos. Esto aliviaría a corto plazo la gran carga administrativa y económica.

El Ejecutivo planteó por primera vez el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera en septiembre de 2023, en plena presidencia española del Consejo de la UE. Ahora, España no tiene asegurado el «ok» de los 27 y ello podría desembocar en graves problemas para Pedro Sánchez. Junts está a la «expectativa» de la votación y si se trunca, Carles Puigdemont amenaza con pulsar el botón nuclear, lo que se materializaría en dejar de apoyar a Sánchez en el Congreso. La cuestión de la oficialidad ya fue clave en agosto de 2023 para que Junts permitiera el desbloqueo de la legislatura para hacer presidenta de la Cámara Baja a Francina Armengol.

Cuando España mostró en Europa su intención de acelerar los trámites para hacer oficial el catalán, varios países europeos rechazaron esta opción y el tema se debatió, pero nunca llego a votarse. Entre aquellos que hablaron de manera clara en contra de esta propuesta se encontraban las repúblicas bálticas, temerosas de que esto abriera la puerta al reconocimiento del ruso que hablan minorías en su país, y también los países nórdicos.

Pero ese «no» se ha sustituido ahora por un «quizás». Aunque la delegación española no tiene la votación ganada, ya que además se necesita la unanimidad de los Veintisiete, de momento ningún país adelanta su voto y esperará hasta la semana que viene para inclinarse por una u otra opción.

Según las fuentes consultadas, la ofensiva planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez está dando algunos frutos, aunque permanecen las dudas no solo políticas, sino también económicas y legales. A pesar de esto último, el malestar de ciertas fuentes diplomáticas con el modus operandi español es más que manifiesto. Durante todos estos meses, el Gobierno ha declinado que este tema se trate en los denominados grupos de trabajo, el foro en el que se aclaran los problemas técnicos antes de que pueda haber el necesario respaldo político a una determinada propuesta.

Esto ha impedido ir resolviendo esta dudas. Hace una semana tuvo una primera reunión de este tipo que se saldó con una decena de países imponiendo objeciones y serias pegas del servicio jurídico del Consejo. Los abogados de la institución dudan de que los tratados europeos amparen que pueda declarase una lengua oficial, si esta no se empleó para firmar estos escritos. Moncloa ya explicó que nuestro país los había traducido a todas las lenguas cooficiales, tal y como permite el Tratado de Lisboa, el cual entró en vigor en el año 2009.

Además, varias capitales temen un efecto «caja de Pandora», ya que ahora mismo hay otras lenguas minoritarias que podrían reclamar el mismo trato. A esto se suman las objeciones económicas. Aunque todavía no hay un informe concluyente sobre cuánto costaría esta iniciativa, España siempre se ha ofrecido a sufragar el gasto. Pero esto no es suficiente para convencer a todas las capitales que temen que este compromiso sea meramente coyuntural. Una de las principales hipótesis es que un hipotético Gobierno del Partido Popular se niegue a pagar esta partida y que el gasto acabo recayendo a cargo de las arcas comunitarias.

La delegación española extrema la precaución de cara a la votación. Ni siquiera está claro todavía si asistirá el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien podría delegar en el secretario de Estado de Asuntos Europeos si no hay un éxito asegurado.

Mientras, los populares comienzan a moverse ante el «temor» a que Pedro Sánchez convenza al resto de países. El propio Feijóo se ha implicado de lleno en esta operación tratando de usar su influencia dentro del PP europeo, el partido con más poder en Europa. "Si no lo sacan, se etrellan, y si lo sacan, se coronan. Están poniendo toda la carne en el asador", valoran en la delegación del PP español en Europa.