Santos Cerdán, el último secretario de Organización del PSOE, lleva en la cárcel de Soto del Real, en prisión preventiva, desde el pasado 30 de junio por su presunta implicación en el «caso Koldo». Así lo decidió el Tribunal Supremo, principalmente, por el riesgo de destrucción de pruebas. A partir de ese día, uno de los asuntos que más interés ha suscitado en la prensa es cómo trascurre el día a día entre rejas de quien fue la «mano derecha» de Pedro Sánchez en Ferraz.

Poco a poco, se han ido conociendo algunos detalles, como que duerme en una celda individual. También que, tras la publicación de unas imágenes en el digital «Okdiario», en las que Cerdán aparecía dentro del centro penitenciario, la dirección del mismo ha instaurado una serie de medidas de control que, para el Partido Popular, no tienen «precedentes». Entre otras, «libro de firmas obligatorio en todos los módulos, restricción del acceso a su área y comunicación de visitas de letrados únicamente al director del centro». A ello se suma su alojamiento individual, que le permitiría gozar de un trato distintivo con respecto al resto de presidiarios.

En definitiva, una serie de «beneficios» por los que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que responder. Según ha podido saber en exclusiva LA RAZÓN, el grupo popular ha lanzado una ofensiva en el Senado con cuatro preguntas escritas sobre este asunto. La primera, «¿con qué amparo normativo se ha implantado un libro de firmas generalizado y un régimen singularizado de accesos en Soto del Real?». La segunda: «¿Se han aplicado medidas equivalentes a otros internos en situaciones comparables o se trata de un trato excepcional?». La tercera: «¿Qué instrucciones ha emitido Instituciones Penitenciarias respecto a la comunicación de visitas de la defensa únicamente al director?». Y la cuarta, que es la última: «¿Qué mecanismos de supervisión externa se activarán para verificar la igualdad de trato y la proporcionalidad de las medidas?».

Como estipula el Reglamento, Moncloa deberá dar respuesta escrita a todos los interrogantes planteados por el Grupo Popular a través de la Cámara Alta. Una institución controlada por el principal partido de la oposición y donde ahora el foco vuelve a estar sobre la comisión de investigación del «caso Koldo». En las próximas semanas, se reanudarán las comparecencias con un buen puñado de personas relacionadas con los principales casos de corrupción que salpican al Gobierno.

Sobre esta ofensiva en concreto, que tiene como objetivo dilucidar si Cerdán goza de privilegios gracias al favor del Gobierno, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, declara a este periódico: «Santos Cerdán es el capataz de la trama de corrupción del sanchismo, pero el arquitecto es otro».

Según denuncia la dirigente popular, «Sánchez ha entrado en pánico porque el capataz de la corrupción pueda desvelar quién era el arquitecto y explicar los planos de donde salía y entraba el dinero». Y, por ello, ahora estaría intentando echarle un capote con las medidas excepcionales por las que pregunta su grupo.

Para García, todo lo que ha trascendido recientemente, con relación a los «beneficios» de Cerdán en prisión, representa «una situación inédita en democracia, que está conllevando situaciones excepcionales en el trato que recibe en la cárcel». Por eso, insiste: «Es necesario saber a qué objetivos obedece y bajo qué criterios se está realizando».

Lo cierto es que la vida del político navarro en prisión ha estado envuelta en polémica prácticamente desde el primer día. Apenas unas horas después de su ingreso, ya trascendió que el centro había autorizado la visita de su letrado, Benet Salellas, y de otro abogado que ha saltado a la fama por su papel en las supuestas cloacas de Ferraz: Jacobo Teijelo. Un primer trato de favor que no ha sido el único. Por eso, meses más tarde, el PP ha decidido mover ficha e indagar en el Senado.