En público, todo son sonrisas impostadas. En privado, la historia es otro cantar. El presidente del Gobierno puso este martes buena cara a un bofetón. Pero la realidad es que la derrota del decreto antiapagón ha dejado a oscuras al Ejecutivo y ha evidenciado el fin de una legislatura imposible. Pedro Sánchez, de gira en Uruguay, se escudó en que su gabinete logró que el Congreso sacara adelante seis de los siete cambios que se votaron.

Los socialistas lograron su objetivo con las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos y con la declaración de eventos culturales como de interés público, en ambos casos con el voto a favor del PP. También se aprobaron dos proposiciones de ley de reforma del reglamento del Congreso, una de ellas para introducir un lenguaje inclusivo y otra para regular la actividad de los periodistas parlamentarios y ampliar los casos de voto telemático. Además, salieron bien parados el proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos a motor; la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Aunque el más importante políticamente, el que permite calibrar el estado de los apoyos del líder socialista en la Cámara, naufragó en un mar de noes.

Ni el PP, que tuvo que soportar presiones del sector eléctrico, ni tres de los partidos que le dieron la investidura -Podemos, Junts y BNG- socorrieron al Gobierno. Cada uno con su excusa. El presidente cayó por el precipicio. Y en el PSOE, algunos socialistas admiten que "así no se puede seguir". El Gobierno vive en la utopía de 'resetear' la legislatura tras el parón estival; hacer una especie de borrón y cuenta nueva. El propio Sánchez dijo que el decreto se volvería a presentar cuando terminen las vacaciones. Pero nada indica que Sánchez vaya a poder revertir esta situación, porque el ruido de fondo es cada vez más ensordecedor.

La izquierda del PSOE está en ebullición. El llamamiento del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a conformar una alianza electoral con los partidos independentistas y nacionalistas que supere a Sumar y se olvide de Podemos es el penúltimo ejemplo de los nervios que se viven entre los socios del Ejecutivo que también huelen el fin de ciclo y están intentando reconfigurar su espacio político ante unas elecciones que se pueden precipitar en cualquier momento por mucho que el presidente repita una y otra vez que serán en 2027. Mientras, el PSOE está en un impasse. La imagen de una solitaria vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, responsable del decreto, durante algunos momentos en la bancada azul es otro símbolo de la situación del Gobierno.

En el núcleo duro del presidente no esconden su sorpresa por la reacción al decreto, puesto que nadie en el Parlamento, tras la publicación del informe que explicó sus múltiples causas, ha exigido responsabilidades políticas. Ni la dimisión de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ni de cualquier otro responsable. Por eso, confiaban en poder salvarlo. Se podría decir que Moncloa, que anticipó la situación, preparó el relato de la victimización. El propio Sánchez dijo que el 'no' al decreto era un castigo y su partido que solo iba en detrimento del interés general.

El Gobierno insiste en que pese a las dificultades de la mayoría que le sostiene, la legislatura está siendo "fructífera". Pero la realidad es que solo se han aprobado 19 leyes. El resto han sido reales decretos, los que permiten a los socialistas cacarear que "se han aprobado 42 leyes y decretos y hay otros 43 en tramitación". Pero las medidas importantes siguen varadas, como la reducción de la jornada laboral -la gran medida de Yolanda Díaz- o la reforma de la Justicia que impulsa su titular, Félix Bolaños. Las dos están ancladas en sendas negociaciones que están haciendo sudar la gota gorda al Ejecutivo.