El gobierno del Valle de Arán solicita a Armengol que el aranés pueda ser utilizado en el Congreso

La decisión de Francina Armengol de permitir que las lenguas cooficiales de España convivan dentro del Congreso de los Diputados ha puesto en guardia al gobierno del Valle de Arán, que también quiere que el aranés tenga voz en la Cámara Baja.

María Vergés, la síndica de Arán (la persona responsable del gobierno del Valle de Arán), se dirigió este martes por carta a la presidenta del Congreso para solicitar que el aranés pueda ser utilizado (junto con el catalán, el vasco y el gallego) dentro del hemiciclo.

Para justificar su petición, Vergés hizo referencia en la misiva al Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Régimen Especial de Arán, que reconocen la especificidad del Valle de Arán y el reconocimiento del aranés como lengua oficial en Cataluña.

Armengol reabría el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales el pasado 17 de agosto, en su debut como presidenta del Congreso. «Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen, por ello quiero anunciarles que esta presidenta permitirá la utilización de todos estos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva». Con estas palabras arrancaba su primer discurso como tercera autoridad del Estado, dejando patente que cumpliría con el pacto que el PSOE había sellado con Junts para desbloquear la conformación de la Mesa del Congreso y dar la mayoría absoluta a la candidata propuesta por el bloque progresista.

Las formaciones de la derecha, temiendo que el hemiciclo pudiera convertirse en la Torre de Babel, se apresuraron en criticar la propuesta después de los acatamientos de los diputados.

Los de Abascal fueron los primeros en posicionarse en contra de esta medida. «Determinados representantes han incumplido el reglamento del Parlamento que determina que no se pueden tener por válidas expresiones que condicionen o contradigan la naturaleza del juramento», declaró Pepa Millán, portavoz de Vox en la Cámara Baja, haciendo alusión al uso del catalán y el vasco por parte de los diputados nacionalistas. «No sabemos si están acatado la Constitución o la están atacando», remató.

Cuca Gamarra, portavoz del PP, también manifestó su disconformidad con los acatamientos.

Estos reproches no surtieron efecto. Francina Armengol zanjó la discusión alegando que «las fórmulas que se han usado se ajustan a lo previsto en el artículo 4 de la Cámara y, por lo tanto, todos los diputados han alcanzado la condición plena de su acta».

Sin embargo, todavía está por ver si Armengol puede cumplir con su compromiso. Unas horas después de hacerlo público, se vio obligada a recular admitiendo que sería necesario consultar a «los servicios técnicos» de la Carrera de San Jerónino antes de tomar la decisión. Las medidas necesarias para ejecutar la propuesta suponen un desafío logístico (y económico) que podría requerir mucho tiempo y complicar su implementación.

El enorme reto que supone poner en marcha esta medida abre ciertos interrogante. ¿Este cambio exige una reforma del Reglamento de la Cámara? ¿Es realmente viable contar con traducción simultánea para que todos los diputados puedan comprender lo que se expone en el hemiciclo y traducir los escritos de todas las intervenciones?

Los socialistas defendieron la iniciativa desde el principio argumentando que supone «un avance en el reconocimiento a una pluralidad de España, que no debería asustarnos». No obstante, por el momento se muestran cautelosos y –probablemente conscientes de las grandes dificultades de organizar los debates parlamentarios en todas las lenguas del Estado- y no han vuelto a pronunciarse sobre el tema.