El horizonte del "caso Begoña Gómez": del careo pendiente a los recursos clave

La acusación popular unificada, que lidera el abogado de Hazte Oír, puede optar por reclamar la práctica de las diligencias de investigación que se llegaron a pedir, pero no a ejecutar.

Entre ellas figura el careo entre Cristina Álvarez y el alto cargo de Moncloa que firmó su nombramiento hace siete años. El pasado abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid llegó a citar a la alto cargo imputada y a Alfredo González, ex vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno y actual director general en la Generalitat catalana de Salvador Illa.

El fin era intentar esclarecer cómo es posible que González hubiese aprobado su contratación, sin conocerla, y también de dónde partió la propuesta de contar con Álvarez para el puesto.

Finalmente, no se pudo celebrar porque la asesora de la mujer de Pedro Sánchez tenía previsto, con anterioridad, para la fecha señalada, un viaje a EE UU. El magistrado nunca más volvió a convocar su celebración.

De igual forma, está pendiente que Presidencia identifique a las «distintas personas» que han dirigido la Secretaría General de Presidencia de la que depende Álvarez, de lo que se podría derivar el señalamiento de nuevas declaraciones de testigo.

El juez Peinado reclamó además a Moncloa que identificase, con nombre y apellidos, a las personas que autorizaron el pago de los salarios de la asesora a lo largo de los últimos años.

Las fuentes conocedoras del caso consideran evidente que, de acceder a nuevos interrogatorios, el juez Peinado procedería a citar a Judit González, la única persona que ha sido secretaria general de Presidencia (es la actual) a la que no se ha tomado declaración.

Otro punto clave y que determinará el futuro más cercano de esta parte del «caso Begoña Gómez» es la resolución, por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, de los recursos que mantienen interpuestos el fiscal, la mujer del jefe del Ejecutivo, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Escritos en los que piden el fin de las imputaciones y, con ello, el cierre de la investigación sobre si hubo malversación en el papel de Álvarez como «colaboradora» de la cátedra extraordinaria. Así se presentó ella misma en uno de los correos obrantes en el sumario.

No hay que pasar por alto que Gómez, Álvarez y el delegado del Ejecutivo en Madrid se enfrentarían a un enjuiciamiento por el tipo agravado del delito de desviación de fondos públicos.

Ya que la cantidad económica supuestamente malversada se concretaría en el sueldo que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ha venido cobrado en los últimos siete años.

La cifra se estima en torno a los 300.000 euros y el Código Penal señala que la malversación agravada comienza en «un importe superior a los 50.000 euros».

Lo que lleva aparejado unas penas superiores, que van de los cuatro a los ocho años de prisión, y, cuando el perjuicio se coloca por encima de los 250.000 euros, la condena debe ubicarse en la mitad superior.

También se prevé para estos supuestos delictivos una sentencia a inhabilitación absoluta de diez a veinte años.