El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha pedido este martes por carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que España se persone en el procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que decidirá si los letrados de empresa comunitarios tienen o no derecho al secreto profesional.

Hasta ahora la regulación de la mayoría de países comunitarios solo protege con este derecho a la confidencialidad a los abogados que ejercen por cuenta propia y no que ejercen la representación legal única de una compañía.

Este procedimiento se inició después de que el Tribunal Constitucional de Bélgica plantease una cuestión prejudicial ante el alto tribunal europeo para dilucidar si los Estados miembros están obligados a incluir en su aplicación de la directiva que regula el secreto profesional a los profesionales de la abogacía que son asalariados de una empresa o no.

Esta petición de aclaración nació de la circunstancia de que el texto europeo habla de que los abogados y el resto de profesiones del mundo jurídico, sin especificar cuáles son estas últimas, tienen derecho a disfrutar de esta protección de la información que manejan como parte de su trabajo diario.

En definitiva, como señaló el decano, Eugenio Ribón, los abogados madrileños quieren impulsar al Gobierno para que contribuya y defienda en esta causa abierta en el TJUE la postura española que dota de secreto profesional a todos los abogados, sin distinción.

La petición, como confirman a LA RAZÓN desde el ICAM, es que España inste al alto tribunal de la UE a actualizar su jurisprudencia conforme a la evolución legislativa que se ha producido en algunos de los 27, como es el caso de nuestro país.