La inacción del Gobierno enquista la crisis con Argelia

El pasado 9 de junio se cumplieron dos años desde la entrada en vigor del veto con el que las autoridades argelinas castigan a las empresas españolas en respuesta al giro protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en favor de Marruecos en el Sáhara Occidental en marzo de 2022. A pesar de los signos esperanzadores que en el arranque del año apuntaban a una vuelta a la normalidad diplomática con Argel –incluido el a la postre fracasado viaje del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a la capital magrebí a finales de febrero–, la situación sigue encallada. Y, a pesar de los lamentos recurrentes de los empresarios españoles por las millonarias pérdidas sufridas, sumida en un casi inevitable olvido.

«Es como si el problema ya no existiera, pero sigue estando igual o peor de lo que estaba. Las empresas españolas estamos bloqueadas», confiesa a LA RAZÓN el empresario español Julio Lebrero. «Lo peor es la falta de empatía del Gobierno de España con nosotros. Nos hemos dirigido a dos ministerios en las últimas semanas y no hemos obtenido ni respuesta», lamenta el presidente de la Asociación de Empresarios Afectados por la Crisis de Argelia, una plataforma constituida en mayo de 2023, y gerente de Aecomhel, empresa aragonesa dedicada a la fabricación de maquinaria de obra pública con larga tradición en el mercado argelino.

Una opinión semejante tiene el empresario español Alfonso Tapia. «Prácticamente todo sigue igual. Las aperturas parciales a principios de año, permitiendo la entrada de productos del sector avícola primero y carne de vacuno después, hacían presagiar el inminente fin de la crisis política. Pero la ‘‘no visita’’ del ministro Albares ha dejado las cosas tal como estaban en el primer trimestre del año», asegura a LA RAZÓN el CEO de Omnicrea, una consultoría experta en el Magreb con oficinas en Argel, Casablanca, Nuakchot y Túnez.

La turbulenta agenda nacional e internacional ha eclipsado un problema al que desde el Ejecutivo nadie se refiere ya en público. La última vez que desde Exteriores se hizo referencia a las relaciones con Argelia fue con ocasión de la cancelación, en el último minuto, del viaje de Albares a la capital norteafricana a finales de febrero. Después, el 8 de abril, el jefe de la diplomacia española se borró de la entrega de cartas credenciales del embajador argelino Abdelfetah Daghmoum.

Desde Argelia, que celebrará elecciones presidenciales anticipadas el próximo mes de septiembre, el mutismo ha sido también marcado en relación con una cuestión que toca la fibra más sensible del régimen, aunque las autoridades del país magrebí han insistido en distinguir el problema particular con Sánchez de las relaciones con el pueblo español. Desde junio de 2022 para las autoridades argelinas el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado con España hace casi 22 años y las relaciones entre ambas administraciones son inexistentes a pesar de que en noviembre pasado las relaciones diplomáticas se restauraran parcialmente a raíz de que Argel concediera el plácet a su nuevo embajador en Madrid.

La gran novedad de los últimos meses ha sido el inicio el pasado 14 de junio por parte de las autoridades europeas de un proceso de resolución de litigios con Argelia, que incide en el incumplimiento por parte del país norteafricano de sus compromisos de liberalización comercial en virtud del Acuerdo de Asociación en vigor. La posición de los empresarios, con todo, es escéptica. «No creo que la intervención de la UE vaya a ser buena, presionar con Bruselas a los argelinos nos puede perjudicar más que beneficiar», augura Lebrero. «No pienso personalmente que a corto plazo esto vaya a amedrantar a las autoridades argelinas, pero sí, es un paso relevante que desde Bruselas se haya indicado nuestra problemática», opina, por su parte, Tapia.

Desde el empresariado español se lamentan las oportunidades perdidas en un país próximo que es potencia en el ámbito de los hidrocarburos en un momento de turbulencias energéticas mundiales como el actual. «Es una pena que las autoridades españolas sean hoy por hoy incapaces de hacer nada por reconducir una situación, con todo el trabajo que hemos hecho en Argelia, el aprecio de este pueblo por nuestros productos, un país con 45 millones de consumidores», lamenta Lebrero. «Vemos pasar grandes oportunidades en proyectos gigantes de agricultura, industria, energía, que están capitalizando principalmente países como Italia o Estados Unidos. Y evidentemente en este escenario cualquier adjudicación a una empresa española de una licitación pública es una quimera», hace hincapié Tapia.

Por su parte, el CEO de Omnicrea insiste en que, pese a todo, «el interés en nuestro país vecino y en sus oportunidades, derivadas de su más que interesante escenario económico, no ha dejado de crecer por parte de las empresas y asociaciones empresariales españolas. Nuestras empresas siguen siendo muy bien vistas y acogidas por los empresarios y las instituciones empresariales argelinas. Argelia es un país interesantísimo para nosotros, con grandes oportunidades en sectores en los que somos fuertes en España».

Al respecto de qué pasos adoptar en adelante para evitar que el problema diplomático y político con Argelia acabe relegado al olvido, los empresarios son realistas. Hasta ahora las sociedades que han podido han tratado de compensar la pérdida de cuota de mercado con triangulaciones a través de terceros países o con estructuras filiales. «En estos momentos desde la Asociación de Afectados nos queda organizarnos para presentar una reclamación patrimonial al Estado de manera conjunta. Pero por el perfil del empresariado español en Argelia, sobre todo pequeñas y medianas sociedades, embarcarse en un proceso así resulta muy caro. Somos pymes, como la mayoría de empresas de nuestro país. El Gobierno demuestra no conocer la economía española», lamenta a este medio Lebrero. «Por lo menos pedimos que sean sinceros y nos digan que no hay solución, que no pueden hacer nada», zanja el empresario español.