Fuerzas de Seguridad
El jefe de Policía de Navarra considera "un privilegio extemporáneo" los días de permiso que tienen los agentes que lucharon y luchan contra ETA y su entramado
Desde CEP le recuerdan las actuaciones de sectores próximos al mundo proetarra contra policías y guardias para expulsarles de la Comunidad Foral
El jefe superior de Policía de Navarra, el comisario principal José María Borja Moreno, ha arremetido contra los días adicionales de permiso que tienen los policías nacionales y guardias civiles destinados en País Vasco y Navarra, vinculados a la actividad de la banda terrorista ETA y a la de acoso y señalamiento del independentismo radical, calificándolos de “privilegio extemporáneo” y de “agravio comparativo” en una respuesta a un escrito de la Confederación Española de Policía en el que le reclamábamos no detraer efectivos de unidades de investigación para realizar labores de prevención de la delincuencia durante las fiestas navideñas.
Las durísimas consideraciones del mando policial llegan a tal punto que en su respuesta afirma que esos días de permiso son innecesarios “desde el año 2010”, cuando resulta que la banda terrorista ETA ni había decretado en ese momento el cese definitivo de su actividad -este no llegaría hasta octubre de 2011- ni se había disuelto -cosa que no ocurrió hasta mayo de 2018-, habiendo transcurrido sólo unos meses desde el atentado que había costado la vida a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Selva en Palmanova (Mallorca) y poco más de un año desde los ataques registrados en Azpeitia (con el asesinato del empresario Ignacio Uría), Pamplona (atentado contra la Universidad de Navarra), Tolosa (bomba en los juzgados), Vitoria (coche bomba), Santander (con el asesinato de Luis Conde, brigada del Ejército de Tierra) o Legutiano (con el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel, en un atentado contra el cuartel de esa localidad alavesa). Pero es que, además, en marzo de 2010 la banda terrorista asesinaba al gendarme francés Jean Serge Nérin, al que tiroteó en un control de carreteras cerca de París.
El jefe superior de Policía en Navarra, que llega a calificar como “gravoso” el mantenimiento del mes adicional de permiso para los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en País Vasco y la Comunidad Foral, apela en su respuesta a los sindicatos de la Policía Nacional, a los que hace un llamamiento para abandonar la defensa de lo que él califica como “privilegio”, llegando a decirles que la reclamación de la desaparición de esos días de descanso “sería deseable y de justicia”. Al menos en lo relativo a CEP, este mando policial ya puede dar por segura nuestra oposición a su particular guerra contra estos días de especial descanso, señala el sindicato en un comunicado.
Unos 3.600 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en País Vasco y Navarra tienen derecho a unos días adicionales de permiso que fueron aprobados por el Consejo de Ministros en 1980 y que, desde entonces, no han sido cuestionados públicamente por ningún mando policial destinado en esas dos comunidades autónomas, a excepción del actual jefe superior en la Comunidad Foral, que ejerce esa responsabilidad desde septiembre de 2020 y que se jubila en octubre de este año. "Desde la Confederación Española de Policía creemos que el ataque del jefe superior de Policía en Navarra a este derecho profesional de los compañeros destinados en aquellas plantillas es extremadamente grave y debe ser desautorizado de inmediato por el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta además que justo ahora se ha producido la llegada a la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona de EH Bildu, formación en la que todavía hay sectores que se niegan a condenar la actividad terrorista de ETA o que se situaron en su momento en el entorno político que la cobijaba.
Las consideraciones oficiales del jefe superior de Policía de Navarra sorprenden doblemente por cuanto una visita de inspección rutinaria que llevó a cabo la Secretaría de Estado de Seguridad a esa plantilla, en marzo de 2022, recogió en su informe de conclusiones que la disolución de ETA, en mayo de 2018, no podía suponer “desdeñar situaciones de presión social, especialmente en algunos territorios de la provincia, debidas en gran medida a la animadversión que produce la presencia de las FCSE en Navarra en algunos sectores sociales no desvinculados de las reivindicaciones abanderadas en su momento desde entornos terroristas”.
A todo ello debemos añadir las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional por los homenajes a terroristas de ETA excarcelados y la posible comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familias, del artículo 578 del Código Penal, así como la actividad de colectivos, plataformas y grupos “que conforman el entramado del independentismo radical vasco, siendo especialmente activos aquellos vinculados a los colectivos juveniles”, en palabras de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, plasmadas en su memoria del año 2022 y que han tenido en iniciativas como ”Alde Hemendik” (‘Fuera de Aquí’, la campaña que insta a acosar a las FSE para que abandonen las ciudades y municipios vascos y navarros) su concreción más repudiable, subraya.
"En definitiva, las consideraciones del jefe superior son de una extrema gravedad y desde CEP nos preguntamos si tienen el aval de Interior porque, además, afectan a los derechos profesionales de miles de agentes de este Cuerpo y de la Guardia Civil.
Lo que debería hacer este mando policial no es cuestionar ese permiso sino denunciar la necesidad de contar con más efectivos disponibles, teniendo en cuenta que en Pamplona, al revés de lo que ocurre en País Vasco, la Policía Nacional sí realiza cometidos de protección de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia. El jefe superior, en cambio, ha preferido deslegitimar y cuestionar esos días de permiso de los que disfruta toda su plantilla y las del resto de las FSE en País Vasco y Navarra, en lo que entendemos es un desahogo personal, que ni puede ni debe contar con respaldo alguno en el Ministerio del Interior", concluye.
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