Jordi Pujol afronta una semana clave. El ingreso del expresidente catalán en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía leve, se produce a las puertas de que arranque en la Audiencia Nacional el juicio que le sienta en el banquillo tanto a él como a sus siete hijos por el origen de la fortuna familiar.

Fuentes jurídicas confirman a LA RAZÓN que la pasada semana un médico forense examinó al exmandatario catalán para valorar su estado de salud en aras a que el tribunal que le juzga determine si está en condiciones de comparecer presencialmente en la vista o, por el contrario, puede hacerlo por videoconferencia desde los juzgados de la ciudad condal. Según fuentes del entorno consultadas por este medio, la petición se formula por el deterioro cognitivo que padece.

Hace apenas una semana, su hijo Oriol Pujol Ferrusola explicó en entrevista a Catalunya Ràdio que él tiene ganas de acudir, pero que "el cuerpo no le aguanta". "Puede ser bastante mortal. Ahora, él tiene ganas de ir", expuso. Del mismo modo, también apuntó que, con el paso de los años, en Cataluña se había acabado entendiendo las acciones de su padre.

Desvío del patrimonio familia

Se trata de hechos que se investigaron en la Audiencia Nacional desde el inicio de las diligencias, en el año 2012, hasta que el magistrado instructor José de la Mata dio el primer paso para enviarles al banquillo en julio de 2020 por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, y frustración en la ejecución en relación con la fortuna familiar que desviaron a Andorra y que en un primer momento Pujol atribuyó a una herencia del "abuelo Florenci".

El magistrado expuso ya en 2012 que existían "indicios sólidos" de que los millones en el extranjero no provendrían del legado que, según el expresidente de la Generalitat, les dejó el abuelo en Andorra. La causa arrancó contra todo el clan, si bien en el año 2012 el magistrado Santiago Pedraz decidió archivar las pesquisas por motivos de salud para la matriarca, Marta Ferrusola, quien falleció en julio del año 2024.

Del mismo modo, también se sentarán en el banquillo de los acusados Mercé Gironés (exmujer del primogénito Jordi Pujol Ferrusola); Francesc Robert (exdirector de la Radio Televisión de Andorra y presunto testaferro de Jordi Pujol Jr.); los empresarios Bernardo Domínguez Cerecedes, Jorge Barrigón, Gustavo Buesa y Josep Mayola Comadira (estos dos últimos socios de Jordi Pujol Ferrusola en unos negocios de tratamiento de residuos); Luis Delso (expresidente de Isolux); Josep Cornadó (presidente de Copisa que habría pagado al hijo mayor de Pujol para que intermediara en la compra de una sociedad en la que en la que tenía minoría de bloqueo); Alejandro Guerrero (acusado por mediar en una operación urbanística en L’Hospitalet de Llobregat por la que se generaron comisiones de 1,3 millones de euros) y Carlos Sumarroca Claverol, entre otros. A este último se le atribuye la firma de contratos ficticios con Pujol Ferrusola para camuflar el pago de comisiones que luego documentaron con "facturas inveraces".

Fiscalía pide nueve años de cárcel

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para el fundador de Convergència Democàtica de Catalunya (CDC): cuatro años por asociación ilícita y cinco por blanqueo de capitales. La pena más alta se solicita para el primogénito, que se enfrenta a 29 años de prisión y que afronta, además, cinco delitos fiscales a razón de tres años de cárcel por cada uno de ellos. La multa total por estos delitos asciende a 6,5 millones de euros.

Para el resto de hijos del expresidente catalán, el Ministerio Público solicita ocho años de prisión, a excepción de Josep Pujol, cuya petición de cárcel asciende a más de 10 años. La Abogacía General del Estado, personada en las diligencias, pide 25 años de privación de libertad para el mayor de los Pujol, pero no acusa al expresidente catalán.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía sostienen que la familia y allegados amasaron grandes cantidades de dinero prevaliéndose del cargo que Jordi Pujol ostentó como presidente de la Generalitat entre los años 1980 y 2003. Los investigadores constataron la apertura de innumerables cuentas en bancos en el extranjero en los que habrían ido desviando sistemáticamente dinero, bien con ingresos bancarios o en efectivo.

Cuatro años en punto muerto

El principal acusado es el hijo mayor de Pujol, ya que a él se le atribuye la recepción del dinero para su posterior reparto entre sus hermanos. En una primera etapa los fondos se desviaron a Andorra pero en los años posteriores se desarrollaron actividades transnacionales a través de firmas "offshore".

Los acusados se sientan en el banquillo cinco años después de que el juez De la Mata zanjara la instrucción y tras cuatro años de la apertura del juicio oral. El procedimiento ha estado en punto muerto durante este tiempo debido, principalmente, a los problemas alegados por las defensas para acceder a todo el material del procedimiento.

"Reverendo Mosen, soc (soy) la madre superiora de la congregación, desearía que traspasases dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, y él te dirá a quien se le ha de colocar», llegó a decir en una llamada telefónica en la que, según los investigadores, lo que realmente pidió fue el traspaso de un millón de pesetas de su cuenta. El capellán sería su hijo primogénito y el reverendo era el gestor de los Pujol, Josep María Pallerola.

En octubre de 2023, el magistrado Santiago Pedraz puso fin a meses de choques entre las partes por el problema alegado por la defensa para acceder a los documentos personales. El instructor zanjó la polémica sobre el expurgo alegando que en ese período de tiempo se habían garantizado todas las herramientas para que la familia del expresidente catalán aclarara las evidencias que querían apartar por afectar a su intimidad.

Algunas de ellas, por ejemplo, incluiría información privada sobre el matrimonio Pujol-Ferrusola, mientras que otras afectarían a Oleguer Pujol, el hijo pequeño del clan a quien el juez archivó la pieza separada por blanqueo. La complejidad del asunto hizo que tuviera que intervenir hasta el Ministerio de Justicia, toda vez que se solicitó asistencia técnica para acceder al ingente material.