Una amplia representación del mundo judicial se dio cita ayer en LA RAZÓN para abrir un debate sobre la situación que atraviesa la Justicia en nuestro país. Con la independencia del Poder Judicial, las reformas en marcha y los retos que afronta, "Reflexiones desde la Justicia" reunió en la sede del periódico a un amplio elenco de juristas de prestigio en una jornada que contó con la participación como ponentes de Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y uno de los fiscales del "procés"; Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Constitucional; María Jesús del Barco, magistrada decana de los Juzgados de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Ángel Juanes, exvicepresidente del Tribunal Supremo; Alejandro Abascal, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado; María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional; José María Fernández Seijo, vocal del CGPJ y magistrado; e Isabel Winkels, vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y abogada (ICAM).

Con el presidente de LA RAZÓN, Mauricio Casals; el consejero delegado, Andrés Navarro; y el director del periódico, Francisco Marhuenda, como anfitriones, los asistentes pudieron escuchar la radiografía que hicieron los ocho juristas ponentes sobre los problemas más acuciantes que acechan a la Justicia en España.

Sobre la mesa se pusieron las reformas en las que trabaja el Ejecutivo en lo relativo a entregar la instrucción a los fiscales –anteproyecto que el Ejecutivo aprueba este martes en Consejo de Ministros– y también el cambio de modelo de acceso a la carrera. En relación con el primero de los asuntos, la mayoría de los ponentes coincidió en la necesidad de asumir el modelo vigente en Europa y en muchos países de Latinoamérica donde los fiscales dirigen la instrucción de las causas.

Independencia del fiscal instructor

Ahora bien, ponentes como María Tardón, Javier Zaragoza o Manuel Aragón, advirtieron que debe modificarse el Ministerio Fiscal para que el proyecto tenga una clara independencia. "La designación del fiscal general del Estado tiene que establecerse de otra manera, exigiendo requisitos, prohibiciones y designación parlamentaria que garantice un consenso. Mientras eso no se haga, no se debe encomendar la investigación al Ministerio Fiscal", dijo Aragón.

Sin embargo, Ángel Juanes y el magistrado José María Fernández Seijo negaron que esta reforma afecte a la independencia judicial. "Otra cosa es cómo se articule", apuntilló Juanes, quien también abogó por que los jueces limiten su libertad de expresión. "Tan importante es ser imparcial como parecerlo", sostuvo.

"Me gustaría conocer por qué una modificación del acceso a la carrera judicial afecta a la independencia judicial. Pueden discutirse aspectos en los que soy crítico, como es la integración de jueces sustitutos en la carrera (...), pero, dicho esto, no sé por qué la independencia judicial está ahora afectada", expuso el exvicepresidente del alto tribunal.

"Estas reformas son un torpedo en la línea de flotación"

En relación con las reformas del Gobierno, el vocal Alejandro Abascal matizó que no se puede "desconectar" la realidad de estas modificaciones de calado con el momento político actual, mientras que Zaragoza apostilló que son inaceptables aquellos proyectos que "menoscaben el sistema judicial".

"Estas reformas son un torpedo en la línea de flotación de la independencia judicial (...). Me parece que ahora mismo, sobre todo la atribución de la dirección de la investigación a los fiscales, es un despropósito porque necesita un consenso político amplísimo y, tal y como está diseñada, no satisface los estándares mínimos que exige el Consejo de Europa", dijo.

La magistrada María Tardón manifestó que los riesgos advertidos por Zaragoza todavía no se han puesto en marcha y que, si no se da ocasión a que todas estas reformas se apliquen, la independencia judicial "va a seguir firme pase lo que pase".

"Tenemos que defender nuestra independencia"

Por el contrario, el magistrado Seijo se mostró partidario de la reforma en aras a dar entrada a 1.112 jueces sustitutos en la carrera, algunos de los cuales llevan más de una década ejerciendo. "Hay una Justicia interina que, en términos generales, está cumpliendo con todas sus funciones", apuntó. El propio Seijo abordó otra de las grandes cuestiones tratadas en el debate, relativa a las acusaciones de "lawfare" por parte de la clase política.

El vocal del CGPJ expuso, al respecto, que las "tensiones" a las que se enfrentan los jueces han sido "permanentes" y que la formación de los togados les permite, precisamente, "gestionar las pequeñas tormentas en vasos de agua de instrumentalización por unos o por otros".

Sin embargo, la magistrada María Jesús del Barco replicó a ese criterio y recordó que a los jueces se les ha pretendido callar. "Por supuesto que los jueces estamos obligados a defender el Estado de Derecho. Tenemos que defender nuestra independencia, pero no por nosotros, sino por los ciudadanos. Es su derecho. Y pueden estar tranquilos porque tienen unos jueces independientes", razonó Del Barco, en sintonía con Abascal, quien, parafraseando a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, expuso que "la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino la garantía de los ciudadanos".

Los jueces, "en el punto de mira"

Mismo criterio defendió la vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Isabel Winkels, quien enfatizó que estas críticas suponen una "merma de la confianza de los ciudadanos en la Justicia". Al hilo, recordó que desde el Colegio de la Abogacía se llamó la atención públicamente por el hecho de que este término se introdujera por primera vez en el acuerdo de gobierno que firmaron el PSOE y Junts.

Javier Zaragoza recordó que a él le pusieron «en el punto de mira» al citarle en una comisión de investigación del Congreso. Al respecto, expuso que señalar a los jueces como si hicieran un uso "torticero de la ley", acarrea un «daño institucional tremendo», a la par que pone en riesgo "los fundamentos del propio sistema". Juanes replicó que las comisiones de investigación se deben situar en su contexto ya que se emplean para descalificar el contrario, «sea uno o sea otro».

Frente a este alegato, Aragón alertó de que hay unos intentos claros de "politizar la Justicia", a la par que tildó de «impresentable» hablar de "lawfare" para atacar a los operadores de la Justicia.