Los jueces temen que el triple rol de Bolaños en el Ejecutivo reste atención a los problemas de Justicia

Hay dudas sobre si es bueno o malo que Félix Bolaños haya sido nombrado ministro de Justicia. Algunas fuentes judiciales consideran que esta nueva responsabilidad que asume, con todos los retos que conlleva, no casará bien con el hecho de que mantenga sus funciones como ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes Generales. Su nombramiento no ha sorprendido en el sector, pero plantea algunas interrogantes sobre el protagonismo que tendrán los problemas del sector en su lista de prioridades.

Para algunos representantes del sector, el hecho de que hace solo unos días mostrase su plena seguridad sobre que los magistrados aplicarán la ley de amnistía no resulta alentador. Ante los medios, Bolaños dijo que no tenía "ninguna duda de que en España, que es un Estado de derecho, los jueces aplican las leyes y esta se aplicará". "Todos los jueces aplicarán la ley y la amnistía conseguirá el propósito buscado", subrayó el actual ministro de Justicia.

Estas fuentes señalan que su prioridad deberían ser el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los problemas presupuestarios, así como la dotación de plazas de magistrados, especialmente en el Tribunal Supremo, pero dicho lo dicho, creen que sus energías al frente de Justicia se centrarán en asegurar que la amnistía se apruebe y se aplique.

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha manifestado su disposición para trabajar con el ministro Bolaños por la mejora de la Justicia. Su portavoz, Sergio Oliva, ha expresado que la organización valora positivamente que se combinen las carteras de Presidencia y Justicia, porque esto podría ser una oportunidad para agilizar la ejecución de los posibles acuerdosque se puedan alcanzar en este departamento.

Pero también existen dudas sobre si la cartera de Justicia quedaría en segundo plano. “Esa mezcla de Justicia y Presidencia puede restar importancia a la cartera de Justicia, con los déficits que esta adolece”, señaló.

La prioridad debe ser la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), clave para reforzar la independencia de los jueces mediante el cambio en el sistema de elección, “para que los jueces podamos elegir a los once vocales de origen judicial, como recomienda Europa”, ha dicho Oliva.

Entre las tareas que están pendientes, puso el foco en el cumplimiento de todos los puntos acordados en la mesa de retribuciones, así como avanzar en la “separación de poderes” y en la “independencia judicial”, en una clara alusión a los acuerdos para la investidura, que provocó una reacción en bloque de las asociaciones de jueces.

Más alláde la necesidad de renovar el CGPJ, fuentes judiciales apuntan a LA RAZÓN que los temas presupuestarios también requieren de atención inmediata (hay en torno a un 15 o un 10% de necesidades que no se están cubriendo), así como la celebración de las comisiones de trabajo entre el ministerio y el órgano de gobierno de los jueces. La última de ellas se celebró el pasado mes de abril y se ha estado aplazando un nuevo encuentro debido a que el Ejecutivo estaba en funciones. Se espera que la próxima tenga lugar antes de que termine noviembre.

Porotra parte, tendrá que pisar el acelerador en la creación de unidades judiciales: Justicia ha programado 70 de las 444 que ha solicitado el CGPJ para reforzar el servicio público de Justicia, entre juzgados y plazas de magistrados. Y también la convocatoria de plazas por oposición.