El juez Juan Carlos Peinado va poco a poco concluyendo extremos de la investigación de la pieza principal del "caso Begoña Gómez" en que se indaga si hubo tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la manera en que se creó en el seno Universidad Complutense de Madrid (UCM) la cátedra extraordinaria que dirigió la mujer del presidente del Gobierno.

El instructor ha enviado nueva documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) para que sea parte del material probatorio que analicen en su informe de conclusiones.

Los investigadores tendrán, además, que resolver si hay indicios de que la esposa de Pedro Sánchez se pudo apropiar indebidamente el software que varias empresas privadas desarrollaron, de manera altruista, para la cátedra y que terminó en una web a nombre de ella. Gómez también se registró como titular de la marca que da nombre a la plataforma y la Complutense, en cambio, nunca hizo valer sus derechos sobre un producto tecnológico que ni siquiera patentó.

Tal y como pone de relieve una providencia con fecha del miércoles a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado ha enviado a la Guardia Civil la "documentación aportada por la UCM respecto del convenio de creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva y adendas al mismo".

Por un lado, el convenio que firmó el 30 octubre de 2020 el vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, con Reale Seguros y Fundación La Caixa para la puesta en marcha de la cátedra extraordinaria. Cada una de estas compañías se comprometió a aportar un total de 60.000 euros para su constitución.

Ya en esta documentación se recogía que uno de los objetivos de la cátedra era el desarrollo, en los dos primeros años, de "una plataforma tecnológica como herramienta para la medición del impacto social", ahora bajo investigación.

Por otro lado, en el sumario figuran hasta 11 adendas distintas. Son los convenios de colaboración que firmaron varias empresas con la UCM a fin de incorporarse como patrocinadoras de la cátedra. En el listado aparecen la Cámara Oficial de Comercio de España, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes ), la Fundación Pimec, Conpymes, Foretica, Pacto Mundial, la Asociación Española Fundaciones, Minsait Business Consulting, Mercadona o la ONCE.

Algunas dejaron por escrito en el contrato que suscribieron la cátedra de la mujer de Sánchez la cantidad de dinero que entregarían. Es el caso de Human Age Institute, que puso 10.000 euros como aportación anual, o Numintec, que dio 6.000 euros.

Por último, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid remite el contrato público menor a través del que el Rectorado de la UCM encargó por 60.000 euros a Deloitte un servicio de "asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación" del programa informático.

El juez Peinado investiga, respecto a ello, si la esposa del jefe del Ejecutivo incurrió en un delito de intrusismo laboral, dado que firmó el pliego de condiciones técnicas de la adjudicación pública sin ser personal de la universidad y sin estar demostrado que poseyese las facultades técnicas para poder hacerlo.