Justicia desatendida

Nadie en España parece dispuesto a meterle el diente a los problemas de la Justicia, que son salariales, por supuesto, pues la inflación afecta a todos, aunque van más allá de lo estrictamente laboral. Faltan medios, hay disgregación administrativa, burocratización, escasa productividad e ineficacia. En definitiva, los males comunes de la Administración pública española, si exceptuamos a la Agencia Tributaria. Ciertamente, Hacienda funciona con unos parámetros de tecnificación equiparables a cualquier empresa o multinacional del sector privado. Lo que demuestra que cuando las cosas se quieren hacer bien, se puede. Sólo que el ámbito tributario es fuente de ingresos para el Estado, y eso explica su abundancia de medios, mientras que el educativo, el sanitario o el judicial no lo son, y de ahí su desatención.

El problema es que es justamente en esos sectores donde se produce el mayor contacto de la ciudadanía con la Administración. Si Hacienda funciona bien para cobrar, pero los demás sectores no, la impresión que se lleva el grueso de españoles es que apenas interesa invertir en lo que genera rédito económico inmediato, no en lo demás. Y de ahí las protestas no sólo de los contribuyentes, sino de los funcionarios adscritos a esos colectivos que, amén de mal pagados, se sienten impotentes ante deficiencias tan abultadas como las listas de espera, la masificación o la asignación de juicios para fechas inauditas, con más de un año de distancia con relación al procedimiento.

La huelga de funcionarios, fiscales y jueces de la Administración Judicial, como antes la de letrados, se enmarca en este ámbito. Reivindican mejores sueldos, y eso es lógico en un momento en el que todo el mundo pierde poder adquisitivo. Pero también solicitan medios tecnológicos, humanos y una eficaz distribución competencial. El hecho inaudito de que, en una misma entidad judicial, haya personal con distinta dependencia, y que no exista coordinación entre las autonomías, lleva a situaciones de exasperación kafkiana, ante la que el personal judicial se siente impotente. No es muy comprensible que los funcionarios judiciales estén adscritos a la Administración central pese a que la mayoría de las autonomías tienen transferida la Justicia.

Si a lo anterior se suma una gestión inadecuada, lejana y engreída por parte del Ministerio, el resultado es el que vemos. Semanas de paro de los funcionarios judiciales que han afectado ya a más de un millón de actuaciones, desde juicios a la tramitación de multas o acuerdos. A lo que añadimos la amenaza de huelga de jueces y fiscales, que se podría materializar la próxima semana, de no alcanzarse antes una aproximación.

Otra pregunta que se suscita, a propósito del maltrato que los empleados públicos dicen recibir de la Administración, judicial o de otro ámbito, es la de para qué el gobierno incrementa sin parar el número de funcionarios en España si luego no tiene cómo mantenerlos. Nuestro país ha suspendido en el ranking de eficacia del sector público, pese a que las plantillas no paran de subir. Somos ya líderes de la eurozona en aumento del número de funcionarios, muy por encima de Alemania, Francia e Italia, apenas superados por Lituania. Pero pinchamos en el índice de eficiencia de manera clamorosa. Sólo hay que ver las quejas ciudadanas ante los centros de salud, oficinas judiciales, oficinas de empleo, seguridad social y otros organismos. Y es que el principal problema de la Administración es la productividad. Algo agravado por el hecho de que, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, hemos pasado a tener la cifra de empleo público más elevada de la historia: 214 mil puestos más con respecto a 2014. El Ejecutivo saca pecho por el número nuevas cotizaciones, pero tener más funcionarios no garantiza más eficacia o mejores servicios. Lo único que garantiza es más gasto improductivo y más deuda. Si además luego no sabe o no quiere gestionar bien el sector público, como ocurre con la Justicia, el problema es preocupante.