La Abogacía del Estado apoya que Junqueras pueda ser eurodiputado

La Abogacía del Estado se ha mostrado a favor de que Oriol Junqueras pueda acudir el próximo 17 al Congreso de los Diputados para jurar la Constitución ante la Junta Electoral Central.

La Abogacía del Estado se ha mostrado a favor de que Oriol Junqueras pueda acudir el próximo 17 al Congreso de los Diputados para jurar la Constitución ante la Junta Electoral Central. La Abogacía considera que es a éste último órgano al que corresponde valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español que puede afectar a los candidatos electos y singularmente los efectos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su escrito pide que el traslado a la cámara se haga en las mismas condiciones de custodia y con las mismas limitaciones que el día de la constitución del Congreso y del Senado. Además, pide que se envíe a la Junta Electoral Central el auto de conclusión del sumario de la causa del 'procés' y la comunicación de la presidenta del Congreso por la que se declaró a Junqueras automáticamente suspendido como diputado español.

A su juicio, debe autorizarse su salida de prisión para jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central para "no menoscabar la titularidad del derecho de participación política"del exvicepresidente de la Generalitat y hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo".

La Fiscalía esgrimió que cuando Junqueras fue elegido diputado no fue necesario solicitar el suplicatorio al Congreso porque ese trámite sólo es exigible en los momentos previos a la inculpación o el procesamiento, pero que, de acuerdo con el reglamento interno de la Eurocámara, sí habría que dar ese paso en el Parlamento comunitario para retirarle la inmunidad.

A su juicio, el objetivo del exvicepresidente de la Generalitat es "sortear la suspensión funciones"que ya se ha acordado para él como diputado en el Congreso.

Pero la Abogacía sostiene que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, "el Parlamento europeo carece de margen de apreciación para cuestionar la proclamación de electos que efectúe la autoridad electoral del Estado miembro".