«La batalla del relato»: Lucha por la memoria de las víctimas, sin tregua frente a ETA

Durante la presente legislatura, el Gobierno se ha visto obligado a cambiar el paradigma en su lucha contra la banda terrorista ETA. Tras el engañoso «cese definitivo» de la lucha armada anunciado por ETA y la legalización por parte del Tribunal Constitucional de las marcas políticas de la banda (Sortu, Bildu, Amaiur), la desarticulación de comandos y el aislamiento institucional del entramado terrorista han cedido el lugar central a otros frentes de batallas, siendo el principal de ellos saldar la deuda de gratitud que toda la sociedad tiene con las víctimas del terrorismo. Es lo que la retórica gubernamental ha dado en llamar «la batalla del relato», es decir, la lucha para que se haga justicia a la verdad y a la memoria de las víctimas sin caer en las falsas equidistancias entre víctimas y asesinos que la maquinaria de propaganda «abertzale», con la grave connivencia en no pocas ocasiones del PNV, trata de propagar sobre «el conflicto».

Cerco al brazopolítico de ETA

Las víctimas se han sentido comprensiblemente indignadas contra sucesos como la excarcelación de Bolinaga y la derogación de la «doctina Parot». Las críticas han llovido sobre el Gobierno por parte de la Asociación de Victimas del Terrorismo. Sin embargo, el Gobierno no ha estado de brazos cruzados ni ha dado tregua al terrorismo, ni en el ámbito policial ni en el político. El TC, cuando legalizó Sortu, estableció un listado de líneas rojas de hecho que, al producirse de manera reiterada, podrían provocar la ilegalización de esta organización. La vigilancia de las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra no ceja y el contador de infracciones ya no está a cero para Sortu. Pero en Moncloa saben que el momento de llevar esta batalla a los tribunales es el momento en el que haya suficiente fundamento jurídico para ganar.

Sin cambios en política penitenciaria

El caso de la excarcelación de Bolinaga fue especialmente doloroso para las víctimas. El Gobierno, como en el resto de sus actuaciones, hubo de someterse al estricto cumplimiento de la Ley y dar cumplimiento al mandato judicial del juez central de vigilancia penitenciaria, que acordó la libertad condicional de este abyecto terrorista debido a sus padecimientos incurables. Lo cierto es que hubo cuatro decisiones judiciales diferentes a favor de la excarcelación de Bolinaga. Desde Moncloa aseguran que la política penitenciara no ha cambiado.

Etarras sin ayudas sociales

Otro de los puntos más criticados al Gobierno ha sido la aplicación de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estras-burgo derogando la llamada «doctrina Parot». El Gobierno manifestó desde el primer momento que la sentencia no gustaba pero que, a pesar de no haber más opcón que atajarla, no se iba a quedar de brazos cruzados. Se presentó un recurso a la primera sentencia de junio de 2012 y la Abogacía del Estado dio la batalla jurídica. De hecho su papel en la revisión de la causa fue elogiada por las víctimas. Otro punto en el que el Gobierno actuó fue en limitar al mínimo y en cualquier caso perseguir los contados homenajes que los liberados recibieron. El Gobierno también promovió que los excarcelados no cobrasen la indemnización que fijaba Estrasburgo. Asimismo se pusieron en marcha iniciativas legales para que ningún terrorista percibiera ayudas sociales públicas. Con ello se intentaba que los terroristas que no se han arrepentido ni han pagado las indemnizaciones a las víctimas no puedan beneficiarse de subsudios de excarcelación que la sociedad concede a los presos comunes que ya han cumplido sus condenas.

Voto para los exiliados por causa del terrorismo

Este punto no venía señalado en el programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones de 2011. Sin embargo, encargó el estudio de esta cuestión al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Desde el Ministerio de Interior también se han impulsado estudios tendentes a la modificación de la Ley Orgánica que regula esta cuestión (5/1985, de 19 de junio) y se ha elaborado una iniciativa legal concreta para que las personas que vieron vulnerado su derecho a la libre elección del domicilio a causa de las amenazas terroristas.