La cuadrilla afgana que levantó las sospechas en la embajada en Kabul

Los operarios fueron a solucionar unas goteras y retiraron una planchas de la azotea desde la que después dispararon los terroristas en el asalto.

«No me gusta un pelo esta gente que está ahí arriba. Hay dos trabajando y tres que no sé lo que están haciendo. Han quitado además uno de los paneles de chapa que da al patio y están viendo cómo está entrando y saliendo el embajador, cómo estamos entrando y saliendo nosotros...». Tres días antes del atentado talibán contra la embajada española en Kabul (Afganistán), uno de los dos policías fallecidos ese fatídico 11 de diciembre de 2015, Isidro Gabino San Martín, comentó al secretario del embajador su inquietud respecto a los obreros afganos que trabajaban en la azotea de uno de los edificios de la legación diplomática, precisamente donde se atrincherarían después los tres terroristas durante el asalto a la cancillería, utilizando ese boquete abierto en la terraza para disparar al agente. Así se lo refirió el propio secretario de la embajada a la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado en enero del pasado año en el marco de la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz tras la querella interpuesta por familiares de los policías fallecidos y por varios agentes supervivientes contra el entonces embajador, Emilio Pérez de Ágreda, y su segundo, Oriol Solá, a quienes el juez investiga por homicidio imprudente.

El pasado 1 de febrero, Pedraz reclamó por escrito al Ministerio de Exteriores un listado de todas las personas que accedieron a la embajada entre el 3 de septiembre y el 11 de diciembre de 2015, fecha del atentado, pero desde el ministerio le aclararon que en la legación «no consta un registro oficial de entradas y salidas ni un registro oficial de visitas». De esa función, matiza el subsecretario de Exteriores, Cristóbal González-Aller, en el escrito remitido a la Audiencia Nacional el pasado 22 de febrero, se encargaba el equipo de seguridad de la embajada, en manos de la Policía. «Se desconoce si el equipo de seguridad utilizaba para este control un registro oficial –asegura–. En todo caso, de existir, nunca fue conocido, gestionado, custodiado ni revisada su veracidad por personal diplomático destinado en Kabul».

Exteriores se refiere específicamente a los operarios afganos que, sólo 24 horas antes del atentado, terminaron esas obras (por unas goteras en la residencia del embajador) en la azotea del edificio donde luego se atrincheraron los terroristas, y de quienes varios agentes sospecharon tras abrir un boquete que luego utilizaron como aspillera los yihadistas durante el asalto. El ministerio informa de que esos trabajadores «no tienen antecedentes penales».

El propio coordinador de Seguridad Local de la legación certifica, en un escrito incorporado a las diligencias, que los trabajadores, pertenecientes a la empresa de servicios y logística Hafizullah Safi, «entraban a realizar las obras después de ser chequeados por la seguridad de la embajada». Uno de ellos, el jefe de la empresa, visitó primero la cancillería el 25 de noviembre de 2015 «para la inspección de los trabajos a realizar» y fueron sus cuatro operarios los que se encargaron de realizar las obras los días 3, 5, 9 y 10 de diciembre de ese año, hasta horas antes, por tanto, de que se produjera el asalto con coche-bomba a la legación.

En ese documento, incorporado a las diligencias, el coordinador de seguridad asegura que las «tazkeras» (documentos de identidad afganos) y las fotografías de los trabajadores «que quedaron en nuestra posesión fueron entregadas después del atentado a la segunda jefatura de la embajada», que ejercía Solá, «para su posterior remisión a la oficina de la Consejería de Seguridad (CNI)». Esos documentos, aclara, «no fueron devueltos a esta unidad» (en la documentación remitida por Exteriores a la Audiencia, sin embargo, sí figura una copia de cuatro de ellos).

«Sabían dónde estaban»

Algunos agentes y trabajadores de la embajada en Kabul expresaron sus recelos sobre el comportamiento de estos obreros cuando declararon ante la fiscal Delgado en la Audiencia Nacional hace un año. El secretario del embajador relató a la fiscal que «había cinco personas. Uno estaba rezando y los otros dos no sabía qué estaban haciendo. Trabajando había uno». Uno de los policías supervivientes, N. F. R., fue más allá. «Fue un ataque totalmente planificado. Dos días antes quitaron unas planchas estratégicamente colocadas en cotas del edificio para controlar toda la embajada y sólo quitaron esas planchas... en las posiciones de tirador», explicó. Incluso expuso a la fiscal sus sospechas de que los tres terroristas disponían de información de primera mano sobre el interior de la embajada. «Esa gente se movía con una facilidad tremenda. Sabían perfectamente dónde estaban», dijo. «Uno no entra en un edificio y se mueve con esa soltura si no conoce dónde está al dedillo», añadió. Otro de los agentes aportó un dato revelador sobre la facilidad con la que se movieron los asaltantes una vez dentro del recinto. J. R. S. «Me dijo un compañero que la caja de los fusiles estaba abierta y faltaban fusiles. Tenían que saber perfectamente dónde estaba todo», aseguró.