Delito fiscal

La Fiscalía avisó en 2015 que registrar la casa de Pujol padre era «imprescindible»

De no hacerlo «se podrían destruir pruebas», alertó al juez, que entonces rechazó la medida.

El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, ayer, saliendo del domicilio familiar en Barcelona, que fue registrado el pasado miércoles por la Policía
El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, ayer, saliendo del domicilio familiar en Barcelona, que fue registrado el pasado miércoles por la Policíalarazon

De no hacerlo «se podrían destruir pruebas», alertó al juez, que entonces rechazó la medida.

El registro del domicilio familiar en Barcelona del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, se ha realizado año y medio después de que, en octubre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción reclamara sin éxito al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata idéntica medida. Horas después de que el instructor del «caso Pujol» acordara la imputación del matrimonio, los fiscales Anticorrupción Belén Suárez y Fernando Bermejo presentaron un escrito el 22 de octubre de ese año, que se reiteró cuatro días después, solicitando al magistrado que acordarse el registro de los domicilios del matrimonio, que consideraban «necesario e imprescindible».

Los agentes de la UDEF sí entraron entonces en la vivienda familiar de la Ronda del General Mitre, pero únicamente para registrar la habitación del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», pues el juez no dio el visto bueno a que la medida se extendiese al resto del domicilio en el que viven Jordi Pujol y su esposa.

En aquella ocasión, los fiscales Anticorrupción alertaron al magistrado de que no autorizar esa entrada y registro «supondría un enorme perjuicio para las investigaciones y para el esclarecimiento de los hechos» porque «se podrían destruir pruebas esenciales para la investigación». Los representantes del Ministerio Público justificaban la iniciativa en la existencia en el procedimiento de elementos «que relacionan a todos los imputados con el sr. Pujol Soley, que se configura como el factor común de todos ellos».

Así consta en la resolución en la que De la Mata acordó finalmente el pasado martes esa medida, también a instancias de Anticorrupción. Esta vez el instructor sí consideró pertinente los registros, sobre todo por una anotación manuscrita incorporada a uno de los documentos aportados por la Fiscalía (una hoja de solicitud de operaciones en cuenta remitida por las autoridades andorranas) de la que Anticorrupción infiere un papel primordial de la esposa de Jordi Pujol en la gestión de la fortuna familiar. Ese indicio, subraya De la Mata, «permite considerar que puede ser atribuida a la investigada la disposición de los fondos de la familia Pujol Ferrusola hasta la fecha en que se procedió por todos y cada uno de ellos a la apertura de las cuentas».

Ese argumento fue determinante para que esta vez De la Mata si autorizara la entrada de la Policía en el domicilio de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, «siendo que ambos figuran como titulares de fondos en cuentas bancarias de entidades andorranas cuyo origen no han podido acreditar».

En las resoluciones en las que De la Mata dio esta semana el visto bueno a la solicitud de la Fiscalía, el magistrado autorizó el empleo de la fuerza para acceder a los inmuebles «sólo si fuera necesario». Ese recurso, precisa, debía ser proporcional, y se extendía también a la «apertura de armarios, cofres o cajas de seguridad o muebles cerrados».

El objetivo del instructor, en todo caso, era «obtener información trascendental» para esclarecer el origen de la fortuna de la familia Pujol oculta durante 34 años en Andorra, que sus integrantes siguen atribuyendo sin pruebas a un legado del abuelo paterno. Por si fuera poco, De la Mata recuerda en su resolución que la familia Pujol afirmó en Andorra que el dinero provenía de una herencia, «pero de la rama familiar de Marta Ferrusola».

El magistrado constata que Ferrusola ha tenido en Andorra tres cuentas: una en Andbank y dos en BPA (una de ellas a través de la fundación panameña Kopeland, que supuestamente se usó para blanquear fondos). En la primera los ingresos sumaron 70 millones de pesetas y 261.349 euros. En la segunda los abonos alcanzaron los 195.379 euros y a 929.017 dólares y en la última, 166.384 euros y 916.995 dólares.