Máster de Cifuentes

La juez del «caso Cifuentes» pide que se acredite la condición de diputado de Pablo Casado

La magistrada imputa a tres de los profesores del candidato a presidir el PP

La juez del «caso Cifuentes» pide que se acredite la condición de diputado de Pablo Casado
La juez del «caso Cifuentes» pide que se acredite la condición de diputado de Pablo Casadolarazon

La juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha solicitado al Congreso de los Diputados que acredite la condición de diputado del vicesecretario de Comunicación del PP Pablo Casado, han informado fuentes del TSJM.

La juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha solicitado al Congreso de los Diputados que acredite la condición de diputado del vicesecretario de Comunicación del PP Pablo Casado, han informado fuentes del TSJM.

La información se realizaría en aras a confirmar la condición de aforado ante el Tribunal Supremo para, en su caso, remitir una posible investigación en relación al máster que cursó en 2008 la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Si se eleva la causa al Supremo, podría conllevar su citación en calidad de investigado si decide no archivar el caso.

Hoy mismo, Casado ha anunciado que presentará su candidatura a la Presidencia del Partido Popular ante el congreso extraordinario que la formación celebrará los días 20 y 21 de julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente de la formación.

El pasado viernes, la juez acordó librar oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados para que por dicha Cámara se certifique la condición de diputado de Pablo Casado Blanco a los efectos de los artículos 71.3 CE y 57.1.2 de la LOPJ. La solicitud se realiza en el marco de la pieza separada del caso en el que investiga presuntas irregularidades en el máster en Derecho Autonómico que cursó Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que él realizó unos años antes.

La presente providencia se enmarca en la investigación de los presuntos delitos de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impropio por los que han sido llamados a declarar el próximo 1 de agosto, en calidad de investigados, Alicia López de los Mozos, Enrique Álvarez Conde y Fernando Suárez Bilbao.

La juez acordó abrir una pieza separada para esclarecer si el catedrático Enrique Álvarez Conde pudo cometer un delito continuado de prevaricación. Dentro de esta causa, pidió a esta universidad que remitiera información sobre el máster que cursó en el vicesecretario de Comunicación del PP en el periodo 2008-2009.

En abril, Casado compareció ante los medios de comunicación tras difundirse las primeras informaciones con sus trabajos sobre el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó -un total de 40 créditos- para demostrar que hizo "lo correcto"y no recibió "ningún trato de favor".

En esa comparecencia, confirmó que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que con Cristina Cifuentes, y admitió que no fue a clase ni se examinó. "Hice lo que se me pidió", enfatizó.

En un encuentro informal con los medios de comunicación, Casado explicó que tras matricularse en octubre de 2008 en el máster solicitó la convalidación de las asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense) y admitió que no tiene certificado de notas oficial porque "nunca"lo solicitó.

Después mostró cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado 'Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia'.

Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: 'El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional'; 'El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro'; y 'Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional'.

Ep