El PP llevará este martes al Pleno del Congreso de los Diputados su propuesta de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el responsable de protección de datos de la institución no sea elegido por el fiscal general del Estado, sino por el Pleno del Consejo Fiscal para garantizar así su independencia.

Se trata de una propuesta que llega apenas una semana antes de que comience el juicio contra Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos en torno a la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su propuesta, el PP pone el foco en la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, una autoridad que, a pesar de estar contemplada en la ley, aún no ha entrado en funcionamiento.

La elección de los titulares de esta Unidad se haría entre juristas con más de quince años de experiencia y con conocimientos acreditados en materia de protección de datos y su nombramiento sería competencia del pleno del Consejo Fiscal, por mayoría absoluta de sus miembros.

Sin embargo, detalla el PP, la reciente aprobación de la ley de eficiencia de la Justicia, impulsada por el departamento que dirige Félix Bolaños, "aleja" los criterios de independencia y transparencia exigidos para la elección de estas figuras.

"Su nueva versión es inconstitucional por no respetar la independencia requerida a la autoridad de control y, contrario a la normativa europea, primaria y derivada", señala el PP, que denuncia que con la redacción actual en lugar de ser un órgano independiente, se convierte en una unidad más de la Fiscalía General del Estado, como si fuera la secretaría técnica o la unidad de apoyo.

Y advierte de que el nombramiento, "lejos de recaer en un jurista que tenga conocimiento sobre la materia, recaerá en un fiscal en servicio activo y por el mismo procedimiento previsto para el resto de los cargos discrecionales".

"Es decir, que lo nombra el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado. No se prevé procedimiento transparente alguno, ni necesidad de mérito especifico", apunta.

Por eso, la propuesta del PP pasa por que sea el Pleno del Consejo Fiscal el que, por mayoría absoluta, elija al titular de la Unidad entre juristas de reconocida competencia con, al menos, quince años de ejercicio profesional y con conocimientos y experiencia acreditados en materia de protección de datos.

Establece que la duración de su mandato sea de cinco años no renovable y que durante este tiempo permanecerá en situación de servicios especiales y ejercerá exclusivamente las funciones inherentes a su cargo. Además, sólo podrá ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno mediante mayoría absoluta.

Contempla que el responsable de esta Unidad deberá ejercer sus funciones con "absoluta independencia y neutralidad" y que tanto él como el resto de personal adscrito estarán sujetos al deber de secreto profesional, tanto durante su mandato como después, con relación a las informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento de sus funciones.

Además, este deber de secreto profesional se aplicará en particular a la información que faciliten las personas físicas a la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos en materia de infracciones de la presente normativa.