El juez Llarena ve un posible delito en la no detención de Puigdemont por los Mossos

El magistrado instructor de la causa del "procés" en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, no descarta la existencia de algún delito en la actuación de los Mossos d' Esquadra después de que el operativo policial que desplegaron el pasado 8 de agosto para tratar de detener al expresident Puigdemont en su reaparición en territorio nacional tras siete años prófugo fracasase y este protagonizase su segunda huida de la Justicia española.

Llarena ha decidido enviar los informes sobre la actuación, por un lado, de la policía catalana y, por otro, de la Nacional y Guardia Civil elaborados por la cúpula de los Mossos y el Ministerio del Interior, respectivamente, a los Juzgados de Barcelona. Para que sean estos los que indaguen en la posible existencia de responsabilidades penales por el incumplimiento de la orden de detención que pesa sobre el líder de Junts, dictada por el propio Supremo, por sus responsabilidades en el desafío soberanista catalán.

El magistrado señala en la providencia que ambos informes "aportan una explicación detallada de las circunstancias en las que se produjo la aparición pública del procesado rebelde (Puigdemont) y las razones por las que no fue detectada" su entrada y posterior salida del país y "no pudo materializarse su detención", pese a que se activó una "Operación Jaula" con el fin de dar con él, después de que se le perdiera de vista, un vez terminó su discurso en el entorno del Parlament ante miles de personas.

En el caso concreto de las explicaciones dadas por los Mossos al Supremo, Llarena considera que "pese a expresarse la dificultad de abordar la detención" en medio de la aglomeración de seguidores y dirigentes de su formación en la que se introdujo y contando con la presunta circunstancia de que tres agentes de la policía autonómica de Cataluña le brindaron el apoyo necesario para su escapada, "los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar" con éxito su detención.

Concretamente, no queda demostrado para el Supremo que no se le pudiese haber detenido durante su traslado a pie hacia el escenario desde el que intervino delante del Arco del Triunfo de Barcelona, "lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaba", ni "la imposibilidad de abordar con efectividad su seguimiento y alcance" tras terminar su discurso y hasta el momento en el que consiguió fugarse fuera de las fronteras de nuestro país.

Más allá de los tres mossos investigados y ya suspendidos en sus puestos por su supuesto papel esencial en la planificación y ejecución de su plan de huida de la acción policial y del Alto Tribunal que lo reclama, señala el juez que las conclusiones que extrae de ambos informes policiales sobre qué ocurrió aquel día "impide excluir" que participasen otras personas como encubridores y habiendo omitido el deber de perseguir delitos, pudiendo ser alguno más agente de la autoridad.

Por ello, pide Llarena que los tribunales barceloneses abran una causa, al no ser él competente, para continuar en el análisis de las posible responsabilidades penales en el seno de los Mossos por la segunda escapada de Puigdemont.