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Llarena a Alemania: «Si alcanzan sus objetivos puede afectar a la UE»

El Tribunal Supremo advierte de las consecuencias de que algunos países no entreguen a los procesados fugados

  • El juez del Supremo, Pablo Llarena
    El juez del Supremo, Pablo Llarena

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18 de mayo de 2018. 05:54h

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Francisco Velasco 17/5/2018

El Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto el malestar existente por la actitud de los Estados de la Unión Europea en los que se encuentran huidos algunos de los procesados por el magistrado Pablo Llarena en relación con el «procés» y de todos los reparos que esgrimen para no acceder a su entrega. Así, se destaca cómo esa colaboración judicial entre Estados de la UE tiene como uno de sus ejes aumentar la agilidad de la colaboración basándose en un reconocimiento de las resoluciones judiciales que tiene su razón de ser en el respeto mutuo y en la confianza recíproca. Sin embargo, en estos casos, afirma al respecto, «son evidentes las dificultades existentes para hacerlos efectivos mediante la entrega a España de quienes se han instalado en diversos países de la Unión, de manera que permanecen en aquellos a pesar de ser reclamados por autoridades judiciales españolas por delitos muy graves, que incluso podrían afectar, en caso de que los procesados alcanzaran sus objetivos, a la propia estructura política y a los valores de la Unión». Este reproche serio a los países que no entregan a los procesados huidos los realiza la Sala de Apelaciones del Supremo en el auto donde confirma la prisión provisional de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex consellers Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, por riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Esa actitud de los países en cuestión hace que los encarcelados consideren una «opción atendible la huida de la acción de la Justicia española», incrementándose de esa forma el riesgo de fuga en caso de que quedasen en libertad.

Por otro lado, el magistrado Pablo LLarena dirigió ayer una carta a la fiscal jefe del tribunal alemán de Schleswig-Holstein en la que le informa de que el auto de procesamiento que dictó contra Carles Puigdemont que sustenta la Euroorden (OEDE) es equiparable a una orden de detención, y que, por lo tanto, cumple con los requisitos exigidos para que se acceda a su entrega por parte de la Justicia alemana y pueda, de esa forma, ser juzgado por su papel en todo lo relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Esta advertencia la realiza el instructor del «procés» tras conocer que el motivo esgrimido por el juez belga para denegar la entrega de los ex consejeros catalanes huidos Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig no fue otra que la OEDE no mencionaba ninguna orden de detención contra ellos previa a su emisión y que el auto de procesamiento no se podía equiparar a ella. Una decisión que, en opinión del magistrado Llarena, es contraria al principio de confianza recíproca, ya que se valora la naturaleza jurídica de «resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, discrepando de la que el Tribunal Supremo ha informado que tienen».

Es por ello que, «por evitar alegatos» por parte de la defensa de Puigdemont «que puedan conducir al mismo error», le informa que el auto de procesamiento cumple con lo dispuesto en la Decisión Marco del Consejo de Europa relativa a los procedimientos de entrega cuando establece que la Euroorden deberá incluir «la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el ámbito de aplicación». Es, precisamente, en este último punto donde se encuadraría el auto de procesamiento, toda vez que en la OEDE cursada expresamente se recoge «los hechos y la participación por la que se ordena la prisión y se emite» esa euroorden contra Puigdemont.

Se mantuvo la prisión

Así, incide en que en el auto de procesamiento, dictado el pasado 21 de marzo, se establecían los «hechos y responsabilidades atribuidos» al ex presidente catalán, una vez terminada la fase de investigación, y donde se acordaba «mantener la medida de prisión que había sido dictada al inicio de la investigación». A partir de ese momento, afirma al respecto, dicha resolución es ya «ejecutiva respecto de la prisión provisional» de Puigdemont.

Fiscalía pide una nueva OEDE

En relación con la decisión del juez belga respecto a Comín, Serret y Puig, la Fiscalía viene a coincidir con el criterio de Llarena sobre la eficacia del auto de procesamiento para cumplir con la Decisión Marco que regula las entregas entre países que la suscribieron. Sin embargo, entiende que «vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas» por la autoridad judicial belga y para asegurar la entrega de esos fugados, insta al juez a que dicte un nuevo auto de mantenimiento y ratificación de la prisión provisional ya acordada y emita una nueva euroorden de detención y entrega de esos huidos y se envíe de nuevo a Bélgica.

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