El PP lleva a Pleno una ley para endurecer las condenas a multirreincidentes por hurtos

El balance de criminalidad de 2022, publicado recientemente por el Ministerio del Interior, ha arrojado un incremento del 18,8% de todos los delitos cometidos en España. De ese cómputo global, cabe subrayar el aumento de los hurtos (30,2%), de los robos con fuerza en los establecimientos (14,6%) y de las estafas informáticas (26%), unas cifras que generan inquietud social y económica, sobre todo en las zonas más damnificadas. Esa circunstancia ha empujado al PP a tomar la iniciativa en el Congreso y presentar una proposición de Ley para reformar el Código Penal y endurecer las penas contra los multirreincidentes.

¿Por qué se persigue la multirreincidencia? Porque, según explican los populares recogiendo datos de los sindicatos policiales, el 26% de los detenidos son multirreincidentes (datos desde 2009). Por tanto, la propuesta legislativa de los populares quiere acabar con la «ausencia de efectividad disuasoria» que hay en el actual Código Penal contra los multirreincidentes porque «la sanción es la misma para quien comete un delito que para quien comete una sucesión continua de delitos». «Esta ineficacia del sistema penal no solo actúa como estímulo de delincuentes reincidentes, sino que desincentiva a víctimas, policías, jueces y fiscales cuando se enfrentan a casos de multirreincidencia», expone el PP en la exposición de motivos.

En este sentido, desde 2014, se presentan una media de 700.000 denuncias por hurto al año, pero tan solo un 10% acaba con sentencia y tan solo 300 acaban en prisión de cárcel. Es decir, a tenor de estos datos, los hurtos salen muy baratos para sus autores, mientras que sale muy caro para las administraciones públicas (300 millones de euros al año de impacto) y el sector privado (1.800 millones), principales víctimas de esta tipología penal. También son importantes víctimas los agricultores, que sufren robos en el campo, o los comerciantes y turistas. En este sentido, la proposición de ley del PP viene también solicitada por organizaciones agrarias o asociaciones de comerciantes y la patronal catalana Foment del Treball, ya que Cataluña es una autonomía muy perjudicada por los hurtos. Los turistas en Barcelona son un blanco habitual de los carteristas organizados.

Ante este panorama, ¿cuál es la reforma penal que pretende impulsar el PP? En total, son cinco cambios, que afectan a los artículos 22, 66, 80, 235 y 250 del Código Penal. En este sentido, en el artículo 22 se pretende incluir en la agravante de reincidencia «los tipos gravados por multirreincidencia de delitos leves», ya que actualmente los delitos leves no computan a efectos de reincidencia; en el artículo 235, donde ya está regulada la multirreincidencia, se quiere añadir penas que van de seis a 18 meses de prisión para los infractores que hayan sido ya condenados previamente por tres delitos leves y con independencia de la cuantía sustraída, ya que hasta ahora, esa pena solo es aplicable para cuando lo hurtado tiene valor superior a los 400 euros; y, en el artículo 250, se regula la multirreincidencia por el delito de estafa informática y se impondrán penas de cárcel de seis meses a tres años cuando los infractores también hayan sido condenados previamente por la comisión de delitos leves y con independencia de la cuantía defraudada.

La proposición de Ley será debatida este martes en el Pleno del Congreso y su defensa correrá a cargo del diputado Luis Santamaría. Lo cierto es que el 19 de agosto entró en vigor una reforma del Código Penal impulsada por el PDeCat, con el apoyo del PSOE, para abordar esta multirreincidencia, pero los populares consideran que no ha surtido efecto a tenor de los datos. En esa reforma legislativa, se incrementaron las penas por multirreincidencia en los hurtos a entre seis y 18 meses de prisión siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros: los populares consideran que es «muy difícil» certificar esa cantidad y, por tanto, en la práctica se complica mucho la imposición de esas penas. En este sentido, el PDeCat, muy combativo con la inseguridad en Barcelona, está estudiando la propuesta de los populares, aunque aún no ha decidido el voto.