Manos Limpias denuncia al fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso

Manos Limpias llevó también a los tribunales al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunto papel como instigador de las filtraciones a la prensa de las comunicaciones de Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, con la Fiscalía de Madrid, a fin de alcanzar un acuerdo de conformidad para reducir su pena por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.

El secretario general del sindicato de funcionarios públicos, Miguel Bernad, presentó ayer una querella contra él ante la Sala Segunda del Tribunal de Supremo, donde está aforado García Ortiz, por haber incurrido en supuesta revelación de secretos.

Según expusieron en la denuncia a la que ha accedido LA RAZÓN, el fiscal general habría «asumido» ante el juez instructor la culpabilidad («el mea culpa») al responsabilizarse en un escrito que dirigió a los juzgados de la filtración del comunicado, que sería el motivo de la revelación de secretos. Así como de los «testimonios» de los fiscales del caso del empresario y pareja de la presidenta madrileña.

Lo hizo en el marco de las primeras diligencias que fueron ordenadas por el magistrado Francisco José Goyena a raíz de la querella que interpuso González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por estos hechos.

«En tanto en cuanto a su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones», fueron las palabras con las que el fiscal general admitió la responsabilidad última. También se señaló a sí mismo como «el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado» en respuesta a la petición de explicaciones del magistrado sobre quién fue el superior que dio la orden.

Se reseñó también que la propia fiscal superior de la Comunidad Madrid, Almudena Lastra, confirmó ante el juez instructor de la investigación contra los dos fiscales por revelación de secretos que fue García Ortiz «quien les ordenó que se publicara ese comunicado y que no estaba (ella) de acuerdo con la publicación de esa nota».

Tal y como figura en el documento, el fiscal general dijo que «esto tiene que salir ya» en referencia al comunicado en el que ven tanto el sindicato, González Amador y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) un acto de revelación de secretos.

La titular de la Fiscalía Provincial habría replicado con un «que lo publiquen ellos si quieren» a la Fiscalía General del Estado para evitar que fuese el difusor del comunicado el órgano judicial que ella dirige.

García Ortiz, refleja el relato de Lastra que expone la denuncia, contestó que la nota «estaba consensuada» con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y, seguidamente, recibió órdenes de su superior ahora denunciado a través de correo electrónico y WhatsApp para que la hiciese llegar a los medios.

Manos Limpias, asimismo, reclamó que de abrirse diligencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras la denuncia del novio de Díaz Ayuso, se trasladen a esta Segunda Sala del Supremo y, por otro lado, que esta acción legal se transforme en una querella.

Al igual que anteriormente le instó a hacer García Ortiz al magistrado del TSJM Francisco José Goyanes al no considerarlo competente en su calidad de aforado como jefe supremo del Ministerio Público en nuestro país.

El fiscal general defendió en todo momento ante el juez que la nota se ajustó plenamente a derecho en su contenido y se elaboró para cumplir con la función legalmente encomendada de «informar a la opinión pública de acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal» que él dirige.

Un pronunciamiento con el que, insistió, pretendía «desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios», así como proporcionar información en la que prime su carácter «objetivo e imparcial» sobre las publicaciones «dispares» y la difusión de correos electrónicos que «afectaban a la honorabilidad y profesionalidad» de la Fiscalía.