Margallo desarma con un informe el mito soberanista

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, defendió ayer en el Congreso de los Diputados el informe que su departamento envió a las embajadas españolas para dar «instrucciones» ante la consulta soberanista de Cataluña, y subrayó que el Gobierno con su política está «defendiendo» a los catalanes y no «agrediéndolos».

García-Margallo compareció ante la comisión de Asuntos Exeriores del Congreso para informar del último Consejo de la UE, en una sesión en la que fue preguntado por los grupos de la oposición por el documento «Por la convivencia democrática», que su departamento envió a finales de diciembre a las embajadas y consulados españoles contra la consulta soberanista de Cataluña.

El objetivo de este informe, explicó, es que los diplomáticos dispongan de argumentos para actuar ante el proceso soberanista catalán ya que, una vez planteada la fecha el próximo 9 de noviembre, «todo el mundo tiene derecho a saber cuáles son las implicaciones de una consulta o secesión unilateral». «No me arrepiento de haber mandado esas instrucciones. Era mi labor. Mi prioridad es defender la unidad de España y la Constitución», afirmó el jefe de la diplomacia española ante las críticas de la oposición a este informe, cuya redacción no ha costado «más de 2.000 euros».

Margallo sorprendió al portavoz de ERC, Joan Tardà, al preguntarle expresamente si cedería a Tarragona el derecho a escindirse de una Cataluña independiente y permanecer en España. El de Esquerra denunció que el informe sólo pretende «desprestigiar y hacer descarrilar la voluntad de la ciudadanía de Cataluña de ejercer democráticamente el derecho a decidir», algo que, dijo al ministro, «a su edad y con su bagaje profesional» debería generar «cierto sonrojo».

El ministro hizo hincapié en que el derecho a decidir corresponde al pueblo español en su conjunto, tal y como recoge la Constitución. «Una Cataluña independiente sólo podría serlo en virtud de una declaración unilateral de independencia. El Gobierno no es que no quiera autorizar la consulta, es que no puede, se lo prohíbe la Constitución», explicó Margallo.

El ministro volvió a referirse a las diferencias que existen entre el caso escocés y el catalán e insistió en que será el Reino Unido el que diga si una hipotética separación de Escocia es legal o no y, por tanto, la opinión de Londres será determinante para la UE a la hora de considerar una posterior solicitud de entrada en la Unión.

Margallo apuntó que Naciones Unidas «no ampara el derecho a la secesión unilateral» y explicó que éste sólo está recogido en tres supuestos: pueblos coloniales, ocupados militarmente o aquellos a los que se les nieguen los derechos fundamentales a sus ciudadanos.