Un total de 15 son las medidas que Pedro Sánchez vende como la manera de evitar que los escándalos corruptos se repitan.

El presidente del Gobierno promete más burocracia para prevenir los riesgos y fía la recuperación de su credibilidad ante los socios a una fortalecimiento de los controles en la Administración.

Si el paquete de medidas del Ejecutivo sale finalmente adelante, se pondrá en marcha una nueva agencia estatal independiente, a la que no ha atribuido funciones concretas, más allá de que se dedicará a prevenir las prácticas corruptas de manera general.

Pone como ejemplo de buenas prácticas públicas la manera en que se ha gestionado la adjudicación de los Fondos Next Generation, cuando son varias las causas judiciales abiertas por presunta malversación de esta partida 'extra' de financiación comunitaria que trajo la Covid.

La transformación digital de las estructuras públicas es otra de las salidas por las que apuesta el Gobierno. Sánchez defendió la introducción de herramientas basadas en Inteligencia Artificial para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos e indicios de fraude en la plataforma de contratación del sector público.

Y, asimismo, más compliance, pero para las empresas privadas, que tendrán que invertir en cumplir una serie de exigencias "anticorrupción" como conditio sine qua non para poder optar a que le sea concedida una adjudicación pública. Sánchez ha hablado de un "pacto de integridad" entre las partes en los contratos públicos.

La actuación en el entorno público se limitará a actualizar: el Portal de Transparencia, una nueva Ley de Administración Abierta y novedosas obligaciones para propiciar que la transparencia se ejerza de manera activa.

La parte socialista del Ejecutivo vende, tras el "caso Koldo", que implementar con periocididad anual controles patrimoniales aleatorios a los altos cargos durante su mandato serviría para que salten las alertas de manera temprana.