Juicio al fiscal general

Miguel Ángel Rodríguez insiste en que el novio de Ayuso "quiere llegar a un acuerdo con Hacienda y de repente todo se dinamita"

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña se queja en el Supremo de que "el aparato del Estado está desde hace cinco años urdiendo de todo para atacar a una rival política"

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada este lunes al Tribunal Supremo, donde prosigue el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada este lunes al Tribunal Supremo, donde prosigue el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.Jesús G. FeriaLa Razón

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado en el Tribunal Supremo que "todo el aparato del Estado está desde hace cinco años urdiendo de todo para atacar a una rival política", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En su declaración como testigo, se ha quejado de que Alberto González Amador "no es un delincuente". sino "un ciudadano que ha intentado llegar a un acuerdo que la Fiscalía no le ha permitido". "Aquí se está cometiendo una injusticia con un español por ser la pareja de una rival política", ha puesto de relieve antes de incidir en el "daño irreparable" que le ha causado al empresario todo este asunto.

Rodríguez ha admitido en el Tribunal Supremo, como ya hizo ante el juez de instrucción, que difundió entre un grupo de periodistas el correo que le había remitido Alberto González Amador en el que el 12 de marzo del pasado año la Fiscalía se mostraba favorable a un acuerdo de conformidad con el empresario. Fue precisamente la publicación de esa comunicación por parte del diario "El Mundo" la noche del 13 de marzo lo que provocó la supuesta filtración de datos reservados del novio de la presidenta madrileña (un correo previo del 2 de febrero en el que el empresario reconocía el fraude tributario para llegar a un pacto con el fiscal) que ha llevado al banquillo a Álvaro García Ortiz.

En la segunda sesión del juicio -en el que el máximo representante del Ministerio Público se enfrenta a una posible condena de cuatro a seis años de prisión por revelación de secretos-, Rodríguez ha asegurado que desconocía la existencia de un correo previo del 2 de febrero en la que era el abogado de González Amador quien tendía la mano al fiscal Julián Salto para alcanzar un pacto reconociendo el fraude fiscal que se le imputaba.

En relación a ese acuerdo, ha recordado que su convicción es que González Amador "quiere llegar a un acuerdo con Hacienda, parece que ese acuerdo se va a producir, y de repente todo se dinamita". Y ha reiterado que sigue pensando en que todo fue "turbio y feo"

"Le dije que confiara en Hacienda y la Fiscalía"

Según ha puesto de relieve, el empresario le había trasladado con anterioridad "en una conversación informal" que estaba siendo investigado por Hacienda. "Le dije que confiara en los inspectores de Hacienda y en la Fiscalía, que eran personas serias que nunca filtrarían un procedimiento", ironizó el testigo.

Rodríguez ha asegurado que González Amador "no quería" que el asunto llegara a los tribunales "por la reputación de la presidenta, aunque los hechos se habían producido antes de que fuera presidenta". "Quería llegar a un acuerdo para que no hubiera polvareda", ha recalcado.

Y respecto a que presumiera que el posible pacto con la defensa de González Amador se había frenado desde arriba, ha dicho que fue "una deducción lógica" dado que el Ministerio Público es una institución jerárquica. "Si se iba a llegar a un acuerdo y no se llega es que alguien lo ha parado. Y yo llego a la conclusión lógica de que se ha parado desde arriba", ha asegurado a preguntas de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde. "No estamos aquí por mí. Estamos por la filtración del fiscal", le ha replicado el testigo.

El jefe de gabinete de Ayuso ha recordado que fue el propio González Amador quien le mandó ese correo que el fiscal Julián Salto envió a Neira diciendo que "está dispuesto a llegar a un acuerdo", una comunicación que guardó y utilizó después para salir al paso de una información de La Sexta. "Yo doy a un grupo de periodistas lo que decía la Fiscalía de que podemos llegar a un acuerdo. En ese correo no se cita un mail previo, que yo desconocía que existía, y a partir de ahí se desata la locura que nos ha traído hasta aquí". Si hubiera conocido ese correo, ha precisado, "mi información habría sido más fácil: Neira arranca un acuerdo a la Fiscalía, que acaba con todo esto".

"No es un delincuente"

En cuanto al hecho de que a partir de entonces el novio de Ayuso tuviese que hacer frente a que le motejasen de "delincuente confeso", Rodríguez ha hecho hincapié en que "ministros, incluso el presidente del Gobierno en sede parlamentario, le han llamado delincuente y defraudador confeso". "No es un delincuente, es un ciudadano que ha intentado llegar a un acuerdo que la Fiscalía no le ha permitido". "Enfrente tenemos al aparato del Estado. Cuidado con el terreno que pisáis", ha asegurado que le advirtió.

"Si usted tiene a 22 ministros y al presidente del Gobierno y a los poderes del Estado insultando todo el día seguro que actuaría igual que yo", ha replicado a la fiscal respecto al tenor de sus tuits en relación a este asunto. "Seguro que no", ha replicado Sánchez Conde. Y preguntado por su comentario en la citada red social, escribiendo que el fiscal general "va pa´lante", se ha limitado a ironizar de nuevo: "Era un pronóstico, y no desacertado".

"Tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a periodistas de tendencia izquierdista", ha señalado a preguntas de la abogada del Estado, Consuelo Castro sobre el intento de varios periodistas de contactar con él sobre este asunto.

La defensa de García Ortiz le ha preguntado si al difundir a través de X que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, había sido "directora general con Zapatero" quería dar a entender que había una "motivación política" en la actuación respecto a González Amador, el testigo ha contestado: "¿Estamos hablando de la señora de las gotitas de cianuro?" (en referencia a las palabras de la fiscal cuando el fiscal general le pidió una valoración de la nota con la que la Fiscalía quería desmentir el "bulo" de que el ofrecimiento de conformidad había partido del fiscal, y no del novio de Ayuso). "Era dar noticia de algo que viene en su currículum y de lo que supongo ella estará orgullosa", ha apostillado.

Y cuando la abogada del Estado le ha preguntado si es consciente de la "gravedad" de sus acusaciones contra la Fiscalía, Miguel Ángel Rodríguez le contestó que "los hechos que se produjeron eran muy graves". La defensa del fiscal general dijo entonces que renunciaba a pedir al testigo más valoraciones jurídicas "porque el presidente del tribunal no me lo va a permitir". A lo que Martínez Arrieta estuvo al quite, instándole a dejar esas valoraciones jurídicas "para su informe final".

Una "confabulación" según la defensa de García Ortiz

Precisamente ayer, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, justificó que el fiscal general solicitase los mensajes entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por fraude tributario en la necesidad de desmentir que existiese una "confabulación pública" entre el Gobierno, Hacienda y la Fiscalía contra el empresario, como parecía desprenderse de los tuits que publicó el jefe de gabinete de Ayuso en esas fechas.

Se trataba, explicó Consuelo Castro, de salir al paso de las insinuaciones de que el ofrecimiento de pacto había partido del fiscal -cuando en realidad ya en un correo anterior, del 2 de febrero, el empresario había admitido el fraude para intentar llegar a un acuerdo a cambio de ver rebajada la petición de condena- y que desde la Fiscalía General del Estado se había paralizado esa negociación por tratarse de la pareja de Ayuso.

Según puso de manifiesto la abogada del Estado, García Ortiz hizo frente a una "actuación conjunta" de la Comunidad de Madrid, el diario "El Mundo" y "algunos medios afines" con el objetivo de "perjudicar al fiscal general".

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