Fiscalía Anticorrupción

Moix liquidará la empresa de Panamá por la que dimitió

El fiscal apalabró la venta del chalet heredado de sus padres y con ese dinero prevé disolver la sociedad «offshore»

El ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, la semana pasada en Palma de Mallorca
El ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, la semana pasada en Palma de Mallorcalarazon

El fiscal apalabró la venta del chalet heredado de sus padres y con ese dinero prevé disolver la sociedad «offshore».

Manuel Moix, ex fiscal jefe Anticorrupción, procederá a la disolución de la sociedad panameña que precipitó su dimisión la semana pasada al tener apalabrada la venta del inmueble que heredó de sus padres. Cuando finalmente se formalice notarialmente en los próximos días la venta del chalet localizado en el municipio de Collado Villalba, quedará eliminado el único impedimento que imposibilitó que Moix disolviera la entidad con sede en el paraíso fiscal en 2012. En las explicaciones que dio el fiscal para justificar la propiedad del 25% de la «offshore» se argumentaba que en 2012, cuando conoció que la casa de sus progenitores estaba a nombre de una sociedad panameña, Moix quiso disolver la misma y legalizar la situación pero que fueron los excesivos gastos asociados a la operación lo que lo hizo imposible al no poderse hacer cargo de esas gastos uno de los hermanos. Moix dejó claro que no era cierto que disolver la sociedad costara 400 euros como se había especulado. Al ser en aquel momento el valor declarado del inmueble 900.000 euros, el Impuesto de Plusvalía y el de Transmisiones, unido a los gastos notariales, hubieran encarecido la operación hasta los 90.000 o los 100.000 euros. Como es lógico, la venta del inmueble –por alrededor de medio millón de euros, una cifra muy inferior al que salió al mercado– eliminará el impedimento para disolver «Duchesse Financial Overseas», aunque este hecho tendrá lugar demasiado tarde para Moix, que se vio obligado a presentar su dimisión a pesar de que no había cometido ninguna ilegalidad ni irregularidad. Fue el propio fiscal el que dejó claro que, aunque la «offshore» no pudo liquidarse en 2012, si que se realizaron el resto de gestiones para formalizar la situación: «La declaramos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de 2012. Ese mismo año, hacemos declaración del modelo 720, poniendo de manifiesto a Hacienda la pertenencia, en mi caso, de la cuarta parte de la sociedad y, por tanto, de la vivienda», explicó Moix.

Para el fiscal el hecho clave que le llevó a defender que no había nada reprensible en su actuación es que la sociedad «offshore» era una sociedad sin actividades económicas, es decir, una entidad que no estaba siendo utilizada para blanquear dinero o evitar pagar impuestos, los dos principales motivos por los que un hecho que no es delito (tener una sociedad en Panamá) haya llegado a ser a ojos de la opinión pública sinónimo de corrupción. «Yo lo único que miré era si se trataba de una sociedad activa o no. Y era una sociedad inactiva que no tenía ni cuentas ni nada, cuyo único bien era la vivienda. Yo ahí no le vi ningún problema», admitió Moix. Después de declararla en Hacienda, el fiscal estaba, por utilizar sus propias palabras «como todos los españoles, de manera transparente con todos mis bienes declarados a Hacienda».

La raíz de el problema es, no obstante, la existencia de la sociedad pero en este punto Moix argumentó que la decisión de constituirla fue de su padre, no suya y que, por tanto, no se le puede hacer a él responsable de una decisión que tomó el primer dueño del chalet por unos motivos que el hijo afirma desconocer. «Se puede entender que no es correcto estéticamente, pero hay que valorar si eso objetivamente influye en el ejercicio de la función», dijo el ya ex fiscal jefe Anticorrupción cuando aun no se había producido su dimisión. Es relevante recordar que –en referencia a la «corrección estética» de otros cargos públicos españoles– en los mismos días en los que se produjo la polémica con Moix se hizo pública la multa de hasta 25.000 euros que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha impuesto al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por mantener durante más de un año a un asistente en su casa sin contrato y sin pagarle la Seguridad Social. Este comportamiento, que le ha valido a Echenique la reprobación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, no le ha hecho abandonar su escaño en las Cortes de Aragón.

Tampoco provocó dimisión alguna el hecho de que Ramón Espinar, secretario general de Podemos en Madrid y hombre de confianza de Pablo Iglesias, ganara una plusvalía de 19.000 euros tras vender un Vivienda de Protección Pública tres meses después de comprarlo gracias a un préstamo familiar que recibió al mismo tiempo que su padre disfrutaba de una tarjeta «black» de Caja Madrid con la que gastó 178.400 euros en viajes y tiendas de lujo. En este caso, a diferencia del de Moix, el hijo no tuvo que pagar por los «pecados» del padre.

La situación creada en torno a la sociedad panameña de Moix ha tenido un efecto colateral beneficioso para el fiscal: el inmueble de la polémica, que no había despertado apenas interés alguno desde que salió a la venta, ha inundado los medios de comunicación con profusos reportajes fotográficos que han desembocado en que la aparición de un comprador.