Reacción

Moncloa respalda al fiscal general: "No vamos a darles su cabeza"

El Gobierno se siente víctima de una "cacería" y sostendrá a García Ortiz aunque se siente en el banquillo

El Gobierno era plenamente consciente del destino al que se encaminaba irremediablemente el fiscal general del Estado. La decisión de su procesamiento no ha causado sorpresa y no generará tampoco un cambio de estrategia respecto a la actual: se mantiene el "respaldo absoluto" a su figura. Pese al profundo descrédito que esto supone y la crisis reputacional en la que se encuentra inmersa la Fiscalía, un pilar del Estado de Derecho, en Moncloa no están dispuestos a forzar ningún movimiento de desestabilización de Álvaro García Ortiz. Si bien el Gobierno no puede promover su cese, sí podría retirarle la confianza a fin de que sea él mismo quien dimita. No se valora este escenario.

"No vamos a darles su cabeza", aseguran tajantes las fuentes gubernamentales consultadas. En el Ejecutivo consideran que este es un caso "fabricado" en el que "no hay ni una sola prueba concluyente contra él", más allá de los indicios esgrimidos por el juez, que le sitúan con un papel "preeminente" en la filtración. En Moncloa creen que propiciar su caída con esta base crearía un "peligroso precedente" para el futuro. "¿Y si luego se libra de ir al banquillo? ¿Y si sale absuelto?", se preguntan las mismas fuentes, que consideran que se lanzaría el mensaje de que se puede acabar con la carrera de una persona, forzándola a dimitir, con "acusaciones infundadas". "Sería un chantaje", zanjan.

En este contexto, en Moncloa aseguran que "mantendrán su apoyo hasta el final, incluso si se sienta en el banquillo". Lo cierto es que durante toda la instrucción el aval a García Ortiz no se ha tambaleado en ningún momento. Y esto, porque el Ejecutivo también aparece señalado por el Tribunal Supremo. El magistrado Ángel Hurtado considera en su auto de procesamiento que el fiscal general no actuó por su cuenta, sino que habría seguido "instrucciones recibidas desde Presidencia del Gobierno". En el Ejecutivo califican este extremo de "elucubraciones" y recuerdan que no hay ninguna comunicación que lo pruebe.

Sin embargo, el instructor hace un repaso cronológico y recuerda que Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, utilizó el correo electrónico con la información fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y se la "reenvió" a Juan Lobato, entonces líder de la oposición en Madrid, para que lo esgrimiera contra ella en la sesión de control del Parlamento madrileño. Lobato cuestionó su procedencia, apuntando directamente a la Fiscalía, y se publicó después en "El Plural" para que pudiera utilizarlo como una información periodística. Hurtado recuerda, además, que el fiscal utilizó como argumento interno para un rápido desmentido que "nos ganan el relato", un relato que entiende que tiene una motivación política.

En Moncloa creen, por tanto, que García Ortiz opera como un resorte más de la "cacería" que se ha desatado contra el Gobierno, por lo que no están dispuestos a mostrar ni un ápice de debilidad o hacer un movimiento que pueda ser interpretado como inculpatorio. Bien es cierto que en el Ejecutivo siempre se sostuvo que esta cuestión quedaría "en nada" y que "la verdad y la justicia acabaría imponiéndose", pero han ido asistiendo al avance de la instrucción y a resultados de la investigación que colocaban al fiscal general, cada vez, en una posición más delicada.

El propio Sánchez le defendió vehemente durante una rueda de prensa en Bruselas, en la que exigió una disculpa pública a todos aquellos que habían pedido su dimisión cuando la Guardia Civil encontró "cero mensajes" que le implicaran en sus terminales móviles. Después se supo que esos "cero mensajes" no se debían a un nulo contenido incriminatorio, sino a un exhaustivo borrado. Solo entonces, algunas fuentes mostraron su incomprensión por la estrategia errática que estaba siguiendo el fiscal general, generando suspicacias sobre su falta de colaboración con la justicia pese a representar la cúspide del Ministerio Fiscal, pero nunca llegó a cuestionarse abiertamente su continuidad. Sánchez no se plantea dejarle caer, pues supondría derribar uno de los cortafuegos que tiene en torno a él.