Los tres mossos d´Esquadra investigados por encubrimiento por ayudar supuestamente a Carles Puigdemont a huir de España el pasado agosto –eludiendo la orden de detención en vigor contra él– se oponen a que el expresidente de la Generalitat Pere Aragonés y el presidente del Parlament, Josep Rull, declaren como testigos sobre el dispositivo de la Policía autonómica ese día y sobre las circunstancias que propiciaron de nuevo su huida de España. En el escrito que ha remitido su defensa a la magistrada Antonio Coscollola, que instruye el procedimiento, rechazan todas las diligencias propuestas por Hazte Oír, que con su querella dio origen a la investigación judicial, y reclama que de desestimen íntegramente para que la causa "no se convierta en un espacio de litigio político".

En ese escrito, sus abogados, Isabel Elbal y Gonzalo Boye, reprochan a la acusación popular que intente "instrumentalizar el procedimiento penal con fines distintos a los que justifican su existencia" y que, "lejos de contribuir al esclarecimiento de hechos concretos", busque "construir un relato especulativo" socavando -subraya- su derecho a la defensa, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la presunción de inocencia.

Querer llevar ante la instructora a Aragonès, Rull y la cúpula de la Policía catalana, se quejan, se sitúa "en la órbita de lo político e institucional, apuntando más a personas por su relevancia pública que por su posible e incierta implicación en los hechos". Citar a testificar a "autoridades de primer nivel", como el presidente del Parlament o el conseller de Interior sin que se establezca su participación o conocimiento directo de los hechos -hace hincapié la defensa- revela un uso desviado del proceso penal". "La investigación, entendida de esa forma, se convierte así en un instrumento de presión institucional, incompatible con el derecho a un proceso con todas las garantías", añade.

Se busca "descubrir delitos hipotéticos"

Los abogados de los agentes reprochan a Hazte Oír por sus "claros perfiles ideológicos" y que pretenda utilizar el proceso penal "como una herramienta de confrontación política". La selección de testigos "de alto perfil institucional catalán" en los que no advierten ninguna conexión con los hechos objeto del proceso -protestan- les lleva a presumir "un ánimo de escarnio público y de obtención de rédito mediático y político". Se trata, alertan, de una "estrategia" para "socavar" la finalidad constitucional del proceso penal utilizándolo como "medio de persecución ideológica" y de "interferencia en el funcionamiento de instituciones democráticas".

La defensa de los mossos califica las peticiones de Hazte Oír -que ha solicitado además que se cite a declarar al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena, a Pere Ferrer, que fue director general de la Policía catalana, y a Eduard Sallent, excomisario jefe- de "prospectivas" que solo buscan "descubrir delitos hipotéticos" mediante "indagaciones abiertas y generalistas".

"Al pretender citar a declarar a una serie de altos cargos institucionales y solicitar información genérica sobre movimientos, turnos, vacaciones y destinos de los investigados desde enero de 2024, sin vinculación directa ni justificada con hechos concretos, se excede el ámbito constitucionalmente admisible de la investigación penal". De otro modo, advierten los letrados de los mossos, se vulnera el principio de legalidad penal y de seguridad jurídica.

En todo caso, consideran inútiles esas diligencias al no precisar respecto a cada testigo los hechos respecto de los cuales pueden "aportar información esencial para la investigación". Esa indeterminación, expone la defensa de los investigados, aboca a llevar a cabo unas testificales que "no garantizan la obtención de datos relevantes para el esclarecimiento del objeto del proceso". Todo ello, avisan, "atenta contra el deber de motivación mínima exigible en toda petición de diligencias de investigación".

Se busca un "efecto escénico"

"No se explica por qué los datos solicitados no pueden obtenerse por medios ya disponibles en la causa ni por qué sería imprescindible la declaración de altos cargos institucionales cuando su papel es meramente contextual", argumenta la defensa, que lo compara con el que jugaron ese 8 de agosto "miles de ciudadanos que presenciaron el acto" independentista al que asistió Puigdemont coincidiendo con la sesión de investidura del Parlament. En este sentido, aseguran que las testificales propuestas "parecen más orientadas a generar un efecto escénico que a cubrir vacíos reales de prueba".

Hazte Oír justifica la citación como testigos de Aragonès. Rull y la cúpula de los Mossos en que "o bien estuvieron presentes en el recurrido" que hizo Puigdemont en su fugaz visita a Barcelona el pasado 8 de agosto "o bien tuvieron intervención directa, o noticias directas, del objeto de la presente investigación en razón de sus cargos".

También ha solicitado que se cite a declarar a Pere Miralles, el bombero que fue detenido ese mismo día "como uno de los integrantes de la comitiva de Puigdemont".

El abogado de la acusación popular, Javier María Pérez Roldán, ha instado también a la instructora a reclamar a la Dirección General de los Mossos los expedientes de los tres agentes investigados por un posible delito de encubrimiento "con todos los datos relativos a su situación, destinos, tareas y vacaciones" desde enero de 2024. Para intentar esclarecer así los "posibles contactos o conciertos previos de los investigados entre sí o con terceras personas relevantes en la investigación".