Las declaraciones ante la juez de cinco mossos abren lagunas en la investigación interna sobre la fuga de Puigdemont

La comparecencia de cinco mossos ante la juez que investiga a tres agentes por encubrimiento en la fuga de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto ha dejado al descubierto, según fuentes jurídicas, diversas lagunas sobre la investigación interna que llevó a cabo la Policía autonómica para esclarecer lo ocurrido.

Según esas mismas fuentes, los agentes no han sido capaces de identificar al instructor del expediente sancionador, que según han explicado los autores de esos informes internos era quien les indicaba las tareas a realizar y que ellos se limitaban a llevar a cabo. Su identificación resulta ahora primordial para determinar si, como barruntan las acusaciones populares, esos informes se abrieron para "cubrir el expediente" sin voluntad real de depurar posibles responsabilidades por el auxilio prestado al expresident para eludir la orden nacional de detención que el magistrado Pablo Llarena mantenía en vigor (y sigue manteniendo) contra Puigdemont.

Las fuentes consultadas señalan que los agentes, además de ratificar sus informes, han explicado que "se limitaban a realizar lo que el instructor les encargaba", por lo que fuentes jurídicas se quejan de que "no hubo voluntad de llevar a cabo una investigación real".

Ante la magistrada Antonia Coscollola ha declarado una agente que se encargó de analizar las imágenes grabadas en aparcamientos próximos al Arco del Triunfo (donde se estacionó el vehículo utilizado por el líder independentista para abandonar la zona tras participar en un acto independentista coincidiendo con la sesión de investidura del Parlament) y que no ha sabido explicar, apuntan esas mismas fuentes, por que no se analizaron las imágenes grabadas por los drones desplegados por los Mossos ese día o por qué razón en alguno de esos aparcamientos no se reclamaron las grabaciones del día 6 de agosto.

Imágenes del área de videovigilancia municipal

Del mismo modo, añaden, sus explicaciones no han resultado convincentes respecto a por qué motivo no se han reclamado al Ayuntamiento las imágenes grabadas en la zona, un área de videovigilancia. Ahora, la intención de las acusaciones -Hazte Oír y Vox- es reclamar esas grabaciones. Y aunque por ley deben destruirse a los 30 días si no se reclaman, creen que la constatación de que no se solicitaron abre la puerta a reclamar la declaración de ex altos cargos de los Mossos por una posible omisión del deber de perseguir delitos.

Respecto a las imágenes analizadas en los informes internos de la Policía catalana, las acusaciones quieren instar a la magistrada a que pida a los Mossos las imágenes íntegras, y no los fotogramas que fueron seleccionados para ilustrar el recorrido del vehículo que utilizó Puigdemont para abandonar el lugar.

Por otro lado, Hazte Oír ha pedido al juez que cite como testigos al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, al presidente del Parlament Josep Rull, al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena y a dos ex altos cargos de los Mossos: Pere Ferrer, que fue director general de la Policía catalana, y Eduard Sallent, excomisario jefe. Todos ellos, argumenta en su petición a la instructora, "o bien estuvieron presentes en el recurrido" que hizo Puigdemont en su fugaz visita a Barcelona el pasado 8 de agosto "o bien tuvieron intervención directa, o noticias directas, del objeto de la presente investigación en razón de sus cargos".

Asimismo, instan a la magistrada -en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN- a llamar a declarar, igualmente como testigo, a Pere Miralles, el bombero que fue detenido ese mismo día "como uno de los integrantes de la comitiva de Puigdemont".

"Acompañantes de confianza"

Para Hazte Oír su declaración resulta "necesaria, útil y pertinente por la información que pudiera conocer y por lo que vio y escuchó" ese 8 de agosto. Sobre todo teniendo en cuenta que los Mossos le consideraron uno de los "acompañantes de confianza" del expresident. Y llama la atención de que, a tenor de las imágenes grabadas, Miralles "avanza a escasa distancia de Puigdemont, estando situado inmediatamente detrás" de un de los agentes investigados, Xavier Manso.

El abogado de la acusación popular, Javier María Pérez Roldán, insta también a la instructora a reclamar a la Dirección General de los Mossos los expedientes de los tres agentes investigados por un posible delito de encubrimiento "con todos los datos relativos a su situación, destinos, tareas y vacaciones" desde enero de 2024. Con el objetivo de "poder indagar sobre posibles contactos o conciertos previos de los investigados entre sí o con terceras personas relevantes en la investigación".

Para intentar esclarecer las circunstancias de la fuga del líder independentista, la acusación también solicita que se identifique, para que sean citados como testigos, a los trabajadores del aparthotel Nápoles y del párking Lluís Companys-Ciutadella que estaban de servicio los días 6, 7 y 8 de agosto del pasado año.

Hazte Oír quiere que expliquen "si vieron a los tres investigados" durante los días previos, el mismo 8 de agosto o en las horas posteriores "en actitud sospechosa", realizando "controles de tiempo", "observando la localización" o "retirando eventuales pruebas".