El novio de Isabel Díaz Ayuso se ha marchado como ha llegado este lunes a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. Sin haber declarado aún por los dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental por los que se le investiga.

Alberto González Amador se ha acogido a su derecho a guardar silencio, siguiendo el consejo de sus abogados, que entienden que habría vulnerado su derecho de defensa, tal y como ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas. Era la quinta vez que se le citaba en esta causa, después de que se suspendiese en varias ocasiones.

El empresario ha defendido que "siempre" que la jueza Inmaculada Iglesias le ha convocado se ha "personado para declarar la verdad", pero apuntó a que "el cambio de criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los aplazamientos exigidos por el PSOE (una de las acusaciones populares)" han llevado a sus letrados a prohibirle que declare.

"El primero que quería haber declarado y que esto hubiese finalizado hace un año y no que se siga dilatando, pero ellos me exigen esperar a la decisión de la Audiencia", dijo ante la instructora, según ha podido conocer este diario de las citadas fuentes.

El novio de Ayuso esperará así a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso que su defensa interpuso contra la apertura de una pieza separada de este procedimiento sobre unos ingresos procedentes de Quirón Prevención, que se desgajaría de esta causa principal que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid.

Las dos acusaciones populares, Más Madrid y PSOE, le acusan de haber utilizado una de sus sociedades para "ocultar ingresos" a Hacienda procedentes de negocios con esta empresa del sector sanitario, a fin de pagar menos impuestos.

Tras haber deliberado el pasado miércoles, se espera que esta semana se conozca si finalmente la Sección Tercera de la Audiencia madrileña da vía libre a esta segunda investigación por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.

Mientras tanto, en la causa principal la jueza Inmaculada Iglesias indaga en si González Amador cometió con una sus empresas una defraudación a la Agencia Tributaria de más de 300.000 euros en el Impuesto de Sociedades de dos ejercicios los de 2020 y 2021.

Este caso fiscal es, precisamente, por el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el mail al fiscal de delitos económicos Julián Salto, a fin de plantear un pacto de conformidad, que luego acabó publicado en prensa.

Una presunta filtración por la que investiga el Tribunal Supremo tanto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como a la fiscal jefa provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez.