Pedro Sánchez ha sumado en su tercer mandato como presidente más imputados en su círculo político y familiar que ministros le acompañan en su Gobierno (22).

Hay que recordar que el Ejecutivo ya es de por sí amplio, el más grande desde la Transición, dado que solo le supera en un miembro el que formó Adolfo Suárez allá por la I Legislatura.

Y es que a día de hoy, más de una treintena de personas están investigadas por la Justicia en las diferentes tramas que salpican de lleno al PSOE.

"Caso Begoña Gómez"

La causa en torno a las presuntas irregularidades en la faceta profesional de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno ha pisado el acelerador. Al juez Juan Carlos Peinado le quedan ya, en principio, menos de 6 meses para sacar adelante todos los extremos pendientes en su instrucción.

El miércoles celebrará una mega jornada de declaraciones. En ella comparecerá el último imputado, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para abordar el nombramiento y desempeño de la asesora de Moncloa que hacía gestiones de la vida privada de Gómez y analizar si pudo haber malversación de caudales.

Al mismo tiempo se investiga a Cristina Álvarez por su supuesto papel como colaboradora necesaria en ilegalidades que habría cometido la mujer del líder socialista.

Principalmente, referidas a que se le colocase al frente del recién creado Africa Center del Instituto de Empresa (IE), justo tras llegar Sánchez al poder, y de la posterior puesta en marcha de una cátedra en la UCM de la que se le nombró codirectora. Por la primera de las contrataciones se investiga a Juan José Güemes, actual directivo del IE, y por la segunda, al rector de la UCM, Joaquín Goyache.

Por último, está la pata con la que nació la causa en torno a las cartas de recomendación que habría firmado la esposa del presidente al empresario Juan Carlos Barrabés, con el que mantenía vínculos laborales, y que este hizo valer en la concesión de millonarias ayudas públicas.

"Caso hermanísimo"

A la jueza que investiga al hermano de Sánchez solo le queda decidir si finalmente le manda al banquillo, acusado de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, junto al exasesor de Moncloa Luis Carrero y otra decena altos cargos de la Diputación de Badajoz, incluido el presidente socialista Miguel Ángel Gallardo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 considera que la investigación desarrollada por la UCO durante casi un año ha sacado a relucir indicios suficientes de que habría habido trato de favor para David Sánchez y se le habría creado una plaza «ad hoc» como coordinador de los conservatorios de la provincia.

El músico, como expuso en su auto de procesamiento, habría tenido «conocimiento previo de que el puesto se había creado para él e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento», que acabó por adjudicarle una plaza en 2017.

Todo ello habría sido posible gracias a que «utilizó la influencia» que en la institución tenía para «obtener un beneficio propio» que la instructora concretó en que se «adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales», como con el teletrabajo.

Otro de los provechos que supuestamente obtuvo fue lograr que la persona que de «manera extraoficial le ayudaba en su trabajo al frente de la Ópera Joven» fuera contratada por la Diputación. Este no es otro que Carrero.

Más indicios determinantes para la jueza Beatriz Biedma son la falta de una explicación «racional y verosímil» de que se crease la plaza, la «urgencia» con que se hizo y el que varios cargos de la Diputación se refirieran a él como el «hermanísimo».

Tampoco desecha la circunstancia de que en aquel momento «no tenía trabajo tras terminar un máster» y que buscó piso en Badajoz antes siquiera de haber realizado la entrevista. No se cree la jueza que Gallardo, también líder del Partido Socialista en Extremadura, no supiera nada de todo esto.

"Caso del fiscal general"

Al menos dos diligencias son las que se espera que queden por cumplir en el Tribunal Supremo, antes de que el magistrado Ángel Hurtado decida si ordena el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por estar supuestamente detrás de la relevación de información de la investigación por fraude fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

En primer lugar, tomará declaración a los investigadores de la UCO el próximo viernes, para después, el día 23, oír al presunto afectado, Alberto González Amador. Lo que está claro es que el instructor ve «indicios suficientes» de que habría tenido que ver con la filtración de estos datos que aparecieron «en la Ser», tras tenerlos él en su poder.

A la otra imputada, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le atribuye una «relevante participación», dado que fue la que intercedió para que el fiscal del caso de González Amador les remitiese el expediente que incluía el correo del abogado del empresario que luego se publicó en los medios.

"Caso Koldo"

La «relación directa» que Víctor de Aldama logró tener con José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes y con su entonces mano derecha, Koldo García, es el origen de los distintos delitos que tanto la Audiencia Nacional como el Supremo investigan si pudieron cometer. Y junto a ellos, más de una decena de personas, que formarían una organización criminal o habrían colaborado directa o indirectamente con ella.

Es el caso que más ramificaciones tiene. La última en dar novedades, el rescate a Air Europa. La Guardia Civil ya señaló que el comisionista, que cobraba 10.000 euros de la compañía aérea, habría conseguido que Ábalos «ejerciera su influencia en beneficio» de que saliese adelante la ayuda pública de más de 400 millones. Tras la publicación por su ministerio de una nota en la que se respaldaba dar la financiación récord, el entonces ministro socialista habría recibido unas vacaciones a «coste cero» en una lujosa villa de Marbella.

A esta se suma el presunto cobró de «mordidas» en adjudicaciones para la compra de mascarillas por Transportes y otras tres administraciones (en manos de socialistas) a la empresa Soluciones de Gestión, administrada por Íñigo Rotaeche, y vinculada a Aldama y varios de sus socios, como Juan Carlos Cueto. Por estos suministros, que habrían permitido al entramado ingresar más de 50 millones de euros, han acabado también imputados tres ex altos cargos del Gobierno de Sánchez: el antiguo subsecretario de Ábalos, el expresidente de Puertos del Estado y el exjefe de personal de Adif.

Koldo habría realizado mil y una gestiones en todos estos asuntos, ayudado en no pocas ocasiones por su exmujer, Patricia Úriz, secretaria particular del ex «número tres» de Ferraz, o su hermano, Joseba García, también implicado en el supuesto «enchufe» de la novia del exministro en Ineco.

Hay en la galería de imputados hasta dos guardias civiles: el comandante Rubén Villalba, que les habría proporcionado teléfonos encriptados, y el subteniente Rodríguez García, vinculado a un negocio de pizarras con el que habrían desviado fondos de las mascarillas y que ha sido señalado por facilitar los accesos de Aldama a la sede ministerial, de la que era responsable de seguridad.

El resto de hechos investigados, se refieren a los presuntos desvíos de dinero en efectivo a República Dominicana, amaños en obra pública y contraprestaciones como la casa de Cádiz para Ábalos o el alquiler de su amante Jesica.