Pilar Llop contra las cuerdas: tras la mejora salarial de los letrados, jueces, fiscales y funcionarios pelean por su sueldo

Los letrados de la administración de Justicia (LAJ) no consiguieron lo que querían, pero se conformaron. Tres semanas de huelga y varias visitas al Ministerio de Justicia después, desconvocaron el paro aceptando una subida salarial de entre 450 y 480 euros mensuales. Pero cuando la ministra de Justicia, Pilar Llop, parecía haber apagado ese fuego sufre ya el calor de uno nuevo y que tiene varios conatos amenazando con engrandecerse. Los funcionarios de Justicia (de inferior rango a los letrados) iniciarán una nueva huelga el próximo 17 de abril, mientras fiscales y jueces han empezado también la lucha por una mejora en sus sueldos. La situación crítica de juzgados y tribunales en toda España a causa de las condiciones laborales y del colapso por el papel pone contra las cuerdas a Llop los últimos meses de legislatura.

«No han cambiado en lustros nuestras reclamaciones y protestas, cuatro huelgas incluidas desde 2009», expone el portavoz del Foro Independiente Judicial (FIJ) Fernando Portillo. El juez explica que en 2017 redactaron un documento con 14 propuestas entre las que plasmaron crear más plazas judiciales o un incremento de las retribuciones, pero nada de esto llegó. «Ahora que hemos visto que a los LAJ les han subido el sueldo, huelga mediante, vamos a insistir en ambas cosas. Porque son posibles», comenta a este periódico.

La crisis de 2008, se juntó con las cláusulas suelo, luego apareció el Covid y ahora la recién terminada huelga de letrados que, según sus datos, suspendió unos 356.000 juicios y vistas y unas 424.000 demandas quedaron paradas. Los procedimientos duran años en instrucción y se señalan tanto tiempo después que la imagen de los juzgados como protectores del ciudadano está quedando dañada. Todas estas capas han ido dibujando la crisis actual de la administración de Justicia que lleva años fraguándose pero que, desde 2021, está bajo la responsabilidad de Llop.

Consciente de lo que ocurre, el Ministerio ha mantenido ya reuniones con magistrados y fiscales para comenzar a negociar. «Decepcionante», calificaron el encuentro el pasado 31 de marzo las cuatro asociaciones de jueces. «Desalentadora», dijeron las tres asociaciones de fiscales este 5 de abril tras la reunión. «Después de un año trabajando con este equipo ministerial por la mejora de las condiciones profesionales de la carrera judicial nos encontramos con que el Ministerio de Justicia no ha sido ni siquiera capaz de concretar una fecha para la celebración de la mesa de retribuciones», exponía el comunicado conjunto de los jueces. «A la vista de los precedentes y ante la falta de propuestas concretas, las asociaciones firmantes comenzamos a confeccionar desde este momento, un calendario de medidas de presión», remataban.

Una presión que se justifica en la agonía que viven muchos juzgados de todo el territorio. «No hay una previsión para las jubilaciones que se van a producir», argumenta Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. En España la ratio media es de 11,5 jueces por 100.000 habitantes, mientras que la media europea está en 20,7. «Hace falta una revisión de las leyes procesales para reducir trámites que puedan ser redundantes o necesarios; la adecuación de medios tecnológicos para que se conviertan en una herramienta y no como está sucediendo ahora que muchas veces es un engorro o un obstáculo más», enumera el juez.

Desde el departamento de Llop recuerdan que hay una Ley Orgánica de Eficiencia Procesal que está en tramitación en el Congreso y que aborda parte de estos problemas, si bien desde los sindicatos confrontan que ésta no ha sido acordada por todos y se muestran contrarios a su aprobación. «Nuestra postura con todos los colectivos hasta ahora es de mano tendida. Nadie había hecho tanto por el reconocimiento y las mejoras del sector en tan poco tiempo», manifiestan en Justicia.

El enfado de los funcionarios de la administración judicial tras la subida del salario de los letrados es especialmente visible. «Han dicho que hacían lo mismo que los jueces, cosa que es mentira. Las funciones que dicen ellos [los letrados] que hacen las hacemos en realidad en un 90% los cuerpos generales aunque no nos competan», explica Javier Hernández, miembro de la ejecutiva estatal del sector de administración de Justicia de CCOO. Si la retribución de los primeros oscila entre los 35.000 y los 50.000 euros brutos anuales, la de los funcionarios de una categoría inferior está en torno a los 28.000 y 35.000 (sufre variaciones en función del tipo de juzgado o de la comunidad autónoma). Por eso, para ellos que les hayan subido más de 400 euros a los letrados (pedían más de 1.000), mientras sus cifras siguen estancadas es «hipocresía social». Su huelga ya no es un anuncio, sino una realidad a la que nuevamente se enfrenta el departamento Justicia. «El Gobierno ha tratado como funcionarios y funcionarias de segunda al 93% del personal de la Administración de Justicia que llevamos el peso fundamental del trabajo», se lee en sus panfletos para el paro.

Y la solución a todo esto, ¿Por dónde pasa? «Nada de esto se va a poder conseguir si no hay una convicción de la ministra. Y esa convicción es la que la debería llevar a convencer al Consejo de Ministros de que es absolutamente imprescindible. Ella debería asumir el reto de ganar el peso suficiente como para convencer al Gobierno de dar este paso», esclarece el juez Fernández Vaquero. Hay que asumir que la Administración de Justicia es esencial también para el desarrollo económico y social del país porque la seguridad jurídica y la certeza de tener un proceso judicial en un tiempo razonable es motivo de confianza para los ciudadanos y para los inversores, recuerdan.