Policías y guardias civiles en Cataluña temen a Sánchez y su acuerdo con Junts: «Somos moneda de cambio»

Con la transferencia de competencias a las autonomías, la escasa presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional es de lo poco que queda del Estado en Cataluña. Y los dos cuerpos policiales se encuentran en el punto de mira y son conscientes de ello, lo que ha disparado su temor a que puedan perder facultades y empeorar su situación. La Policía Nacional, en el ámbito de sus competencias, y la Benemérita, en las suyas, forman parte de la vertebración de España, algo que tratan de romper los secesionistas.

En este sentido, los uniformados, por su acendrada disciplina, son «moneda de cambio fácil», según tienen asumido los agentes, con la lógica preocupación que ello conlleva en ambos cuerpos. En una mesa de negociación, son cartas fáciles de ceder porque van a tener que acabar asumiendo lo que dicten los mandos superiores, pese a las consecuencias de todo tipo que ello pueda conllevar.

Agentes de base de ambos cuerpos esperan de sus mandos superiores que, en estos momentos, si se llega a situaciones indeseadas, estén a la altura de las circunstancias, ya que es evidente que tanto Junts como ERC, partidos que negocian con Sánchez para su investidura, van a abrir la carpeta vinculada a Policía y Guardia Civil porque llevan en sus programas electorales cuestiones relacionadas con ello.

«Creemos que somos moneda de cambio», señala a este diario Alfonso Merino, portavoz en Cataluña de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. ¿Por qué tienen ese temor? Porque en las dos últimas semanas se han sucedido movimientos desde el Gobierno que han disparado las alertas: en primer lugar, el Gobierno soliviantó a la Guardia Civil tras una orden publicada por el Ministerio del Interior el 25 de julio en la cual se trasladaba a Policía Nacional y policías autonómicas la vigilancia en puertos y aeropuertos. Moncloa dio un paso atrás al ver el malestar que desató. Sin embargo, pese a recular ahí, días más tarde, el Gobierno llegó a un acuerdo con los Mossos d’Esquadra para ceder un enorme espacio en el aeropuerto de El Prat para «consolidar el despliegue» de la policía catalana en una infraestructura clave.

«Con el independentismo, la moneda de cambio es el Estado. Y el Estado en Cataluña somos nosotros», subraya Merino, ya que representan casi una tercera parte de todo el personal público al servicio del Estado en la autonomía catalana (son 8.838 de los 26.318 trabajadores públicos). Merino advierte de que ya se están proyectando comisarías de los Mossos d’Esquadra en el puerto de Barcelona y el aeropuerto con el objetivo, según sospecha, de que Policía y Guardia Civil vayan perdiendo las pocas competencias que tienen (cabe recordar que, en Cataluña, los Mossos d’Esquadra tienen prácticamente todas las competencias en materia de seguridad, excepto puerto y aeropuerto de Barcelona).

En este sentido, en lo relativo al ámbito marítimo, el Ministerio del Interior y la Conselleria de Interior ya estuvieron a punto de acordar que los Mossos d’Esquadra se ocuparan de la Copa del América de Vela del año que viene. Finalmente, Moncloa reculó ante las quejas de la Guardia Civil.

En este escenario, de hecho, Merino lamenta también que la Generalitat, con el objetivo de ir asumiendo servicios de la Guardia Civil, está «metiéndose» en ámbitos ya cubiertos, lo que acaba siendo una duplicación de la prestación de servicio. «Al ciudadano hay que explicarle que eso va a suponer el doble de gasto», señala el portavoz.

Además de la Guardia Civil, la Policía Nacional, más allá de perder competencias, lo que teme sobre todo es que pierdan el edificio de la Jefatura en Via Laietana. El portavoz del SUP en Cataluña, Toni Granados, cree que esta vez sí que va a ir la vencida pese a que el PSOE se haya resistido mucho a las peticiones de los independentistas. En este sentido, tanto ERC como Junts quieren cobrarse esa pieza porque es un símbolo para el separatismo por el pasado del edificio: albergó la brigada político-social durante el Franquismo y fue centro de detención y torturas, motivo por el cual los independentistas llevan años reclamando la cesión del Estado a la Generalitat para reconvertirlo en un centro de Memoria Histórica. Lo cierto es que el PSOE dio carpetazo a esta cuestión en la pasada legislatura, pero se le pueden complicar las cosas en las negociaciones para la investidura.

En todo caso, lo que sí es cierto es que, con el gobierno socialista, se ha mantenido estable el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña: según los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, había 8.122 agentes en julio de 2012 (justo cuando estalla el «procés»), mientras que, ahora mismo, con datos de julio de 2022 (última actualización), hay 8.838.

A pesar de que las cifras se han mantenido estables, el portavoz del SUP en Cataluña lamenta que siguen faltando todavía más efectivos porque el destino es poco atractivo por «la situación política, social y económica» y eso hace que «en los últimos años la tasa de reposición ha sido inferior a las vacantes dejadas por los que se iban». «Nuestro catálogo de puestos de trabajo en Cataluña está en la actualidad por debajo del 75%, cifra muy inferior al resto de comunidades de España», explica Granados a este diario.