El presidente del CGPJ critica que la amnistía sea "moneda de cambio" entre el PSOE y el independentismo

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, censura que la ley de amnistía se haya erigido como "moneda de cambio" para "la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura" de Pedro Sánchez. Un pacto del PSOE con el independentismo que, señala, "implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso".

Así se expresa el vocal del Consejo en un documento en el que explica sus motivos para abstenerse en el Pleno que aprobó, con nueve votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones (la suya y la del vocal Enrique Lucas), un informe que considera inconstitucional la medida.

Guilarte se pregunta - a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la ley de amnistía- si "desde una perspectiva constitucional la extinción de la acción penal puede ser prestación correlativa a la obtención de una importante contrapartida política". Aunque desconozco su incidencia constitucional -expone-, el previo pacto “político” alcanzado entre sus mentores, del que la amnistía trae causa real, si se analiza con una perspectiva civil difícilmente superaría los criterios de validez y licitud exigidos".

"Puede donarse gratuitamente un riñón -asegura- pero no a cambio de precio, de igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa".

El presidente en funciones del CGPJ considera que los informes no abordan apenas en "la incuestionable realidad del precedente" que explica la existencia de la ley de amnistía, que no es -recalca- conseguir "la pacificación política y convivencial de Cataluña", sino que responde a una "transacción política previa que sin duda justifica su existencia", algo sobre lo que la Exposición de Motivos, que califica de "faraónica", guarda un "sorprendente silencio".

Y es que, insiste, "a diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido", esta "no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables".

"Nulidad radical" del pacto PSOE-Junts

Guilarte hace hincapié en que "no existen precedentes, ni en España ni en el resto de naciones que han acordado medidas de gracia similares", donde la amnistía se haya insertado en una "transacción" con "prestaciones mutuas".

Del mismo modo, censura la referencia al "lawfare" en el acuerdo de PSOE y Junts para garantizar la investidura de Sánchez, pues considera que ese aspecto de la contraprestación "no puede asumirse desde una perspectiva de legalidad contractual ni tampoco constitucional por resultar flagrantemente contrario al principio de autonomía e independencia judicial así como a la necesaria separación de poderes".

Ese acuerdo, puntualiza, "apunta directamente a los jueces" por esa supuesta utilización de la Justicia con fines políticos en contra del independentismo, por lo que defiende la "nulidad radical" de ese acuerdo y considera que "desde una perspectiva constitucional, caso de formar parte inescindible con el ofrecimiento de la ley de amnistía, llevaría sin duda a la inconstitucionalidad de la prestación unitariamente comprometida".

"Evidente componente político"

Para el vocal conservador, "las dudas surgen a la hora de determinar la legalidad de la prestación asumida en correlación con ella por el PSOE. Es en este punto donde debiera a mi juicio centrarse el debate". De hecho, afirma que si el informe del CGPJ sobre la proposición de ley "se hubiera limitado al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, se habría conseguido aprobar un único informe", al ceñirse a una "lógica jurídica en la que prácticamente todos habríamos estado de acuerdo". De ahí que lamente que "la polaridad que nos acosa lo ha impedido".

En ese escrito, defiende que le pareció "prudente" abstenerse para "mantener una cierta neutralidad" por el "evidente componente político" de la ley, "pues a nadie se le escapa su utilización como instrumento de actividad política". Precisamente por su "signo político mayoritario" -subraya- el Congreso "ha hurtado la proposición de ley de amnistía al Informe del CGPJ, mientras que la Cámara Alta lo ha propiciado conocedor de su previsible resultado". "El resultado de la votación del Informe en el seno del CGPJ no ha defraudado tales previsiones", señala.

El Poder Judicial, recalca, "debe abstenerse de intervenir en cuestiones políticas" porque "hurtar el debate a tal realidad política y a sus condicionantes resulta absurdo".

"Con mi voto en blanco he pretendido, de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos", argumenta. "Asumo los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos", añade.