El primer denunciante del "caso Koldo", tras su victoria judicial: "Si no pudiéramos criticar las arbitrariedades del poder, no viviríamos en una democracia"

El primer denunciante del "caso Koldo", a quien el exministro José Luis Ábalos y la empresa de la "trama Koldo" demandaron por vulneración del derecho al honor, saca pecho por sus victorias judiciales -en el caso del exdirigente del PSOE, todavía pendiente de recurso en la Audiencia Provincial de Madrid-. Una vez el Tribunal Supremo (TS) haya avalado la desestimación de la demanda que presentó contra él la empresa Soluciones de Gestión (en el epicentro de la supuesta trama de adjudicaciones irregulares de contratos de mascarillas a cambio de comisiones), el abogado Ramiro Grau reitera su confianza en la Justicia. "Siempre pensé que los juzgados y tribunales españoles me darían la razón" por un motivo muy sencillo: porque la tengo", afirma.

En un comunicado remitido a LA RAZÓN, el letrado defiende que "si los ciudadanos y contribuyentes no pudiéramos criticar las arbitrariedades del poder, no viviríamos en una democracia".

A raíz de sus comentarios en tres artículos de opinión publicados en medios digitales en abril de 2020 bajo el título "chanchullo de dinero público. Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja" -en los que denunció la venta de material sanitario "defectuoso" y "con sobreprecio"- tanto el exministro como Escorial, entonces administrador de Soluciones de Gestión, y la propia empresa, le demandaron al considerar que las manifestaciones vertidas en esos artículos vulneraron su derecho al honor.

Pero una tras otra, las demandas han sido desestimadas al determinar los tribunales que esas manifestaciones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión y de información, descartando una invasión del derecho al honor. "Este caso es tan burdo, que era relativamente fácil de desmontar, a pesar de la complicidad delictiva de altos funcionarios, falseando informes, y negando los datos a que, por la ley de transparencia, tenía derecho a acceder", señala el abogado zaragozano.

Para Grau, lo hechos que ya investigan tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional "no deberían caer en saco roto" y tienen que ser "depurados convenientemente" para evitar que el "tsunami de corrupción" acabe "haciendo metástasis en la sociedad".

"El tiempo pone a cada cual en el lugar que le corresponde"

"Creo que el tiempo va poniendo a cada cual en el lugar que le corresponde", afirma en ese comunicado el primer denunciante del "caso Koldo", quien dice estar sorprendido por el hecho de que las investigaciones judiciales estén salpicando a "altas autoridades del Estado".

Grau aún tiene que afrontar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha de resolver el recurso de Ábalos contra la sentencia que en primera instancia rechazó su demanda por vulneración del derecho al honor. "Tengo una gran confianza en los magistrados españoles, con una gran formación, mucha capacidad de trabajo y sacrificio, y lo que es todavía más importante, con una total independencia de criterio", apunta el letrado.

En su reciente sentencia, el Tribunal Supremo determinó -al avalar la decisión de la Audiencia Provincial de Zaragoza de desestimar la demanda de Soluciones de Gestión, como ya había hecho previamente el Juzgado de Primera Instancia número 14 de la capital aragonesa- que los artículos denunciados no incluían "expresiones ultrajantes ni insultantes, sino una valoración crítica sobre un proceso de contratación de interés general", sin imputar en ningún momento "hechos de naturaleza delictiva".

Abril de 2020, "un momento crítico"

El alto tribunal hizo hincapié en que en abril de 2020 estábamos atravesando "un momento crítico de la pandemia, cuando la obtención de material sanitario, de mascarillas y de otros elementos de protección constituía un asunto de máxima relevancia social, económica y política". De ahí que todo lo relativo a la contratación de material sanitario, su calidad y su precio, "eran cuestiones que afectaban a la gestión pública en un momento de crisis y que estaban sometidas a un intenso debate público". Un hecho que, según el Supremo, reforzaba "la legitimidad del ejercicio de las libertades de información y expresión".

La jurisprudencia del TS ya ha dejado claro que la falta de rigor en una información "no implica por sí sola una vulneración del derecho al honor, salvo que conlleve un menoscabo de la dignidad o la reputación del afectado", algo que la Justicia no ha apreciado en este caso. Al comienzo de la pandemia, reiteró la Sala, el incremento de precios "era una consecuencia natural del déficit de suministro y la escasez de existencias, sin que ello implique necesariamente un acuerdo ilícito entre compradores y proveedores para beneficiarse mutuamente, sino una dinámica propia de un mercado tensionado".